La familia del secretario judicial de la condena a Miguel Hernández recurre para borrar su nombre

La familia de Antonio Luis Baena Tocón, el secretario judicial que participó en el proceso que condenó a muerte a Miguel Hernández, insiste encerrar a su antepasado en el silencio. Cinco meses después de que la Universidad de Alicante (UA) rectificara y desechara borrar el nombre del funcionario franquista de unos textos del catedrático de la UA Juan Antonio Ríos, los descendientes de Baena Tocón han interpuesto un recurso en un juzgado de lo Contencioso-administrativo de Alicante contra la decisión tomada por el rector, Manuel Palomar, de mantener su nombre al alcance de cualquiera. Sin censuras.

Tanto la entidad académica alicantina como Ríos han confirmado a EL PAÍS el movimiento judicial emprendido por los Baena. De momento, el proceso que se sigue en los juzgados de lo contencioso comienza con la interposición del recuso, que ya se ha realizado. A partir de ahora, el juzgado pedirá a la universidad el expediente del caso y, una vez analizado, determinará si cabe seguir adelante con la demanda.

Ríos manifiesta que esta decisión le parece “contraproducente”. “Si lo que quería la familia era proteger el anonimato” del secretario judicial, “cada vez que hace algo solo consigue que vuelva a dar vueltas” por la Red. El catedrático alicantino no va a ejercer su derecho de personarse en la causa. En su opinión, lo único que debe hacer es “esperar” a que la causa acabe dando la razón a los investigadores.

Por su parte, la UA confirma que esta misma mañana ha sido atendida la solicitud del juzgado y se ha remitido el expediente requerido. También añade que en el plazo de 20 días se podrá interponer o no la demanda y que hasta que no se conozca este hecho, no hará más declaraciones.

Prosigue así una historia que comenzó el pasado mes de junio. Tal como adelantó este periódico, la UA accedió a una petición de los familiares de Baena Tocón por la que suprimió de su repositorio (RUA) el nombre completo del secretario judicial, que aparecía, entre otros, en el artículo El caso Diego San José y el Juez Humorista, firmado por Ríos. La solicitud apelaba a la ley de protección de datos personales y al derecho al olvido digital.

Esta medida, que según señaló Palomar se tomó de manera cautelar, abría la puerta a que se eliminaran datos de los textos e investigaciones históricas, algo que levantó una intensa polémica en el ámbito de los historiadores. Tras un informe que se desarrolló a lo largo de un mes, el pasado mes de julio la UA rectificó. Simplemente hizo falta una consulta a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que certificó que el borrado del nombre de Baena Tocón no correspondía porque las obras afectadas tenían “fines de investigación histórica” y porque el funcionario franquista era una “autoridad pública”.

El dictamen de la AEPD también amplió el escudo protector de las investigaciones, con lo que la petición de la familia de Baena Tocón obtuvo el resultado contrario a sus expectativas. Según informó Palomar, la agencia determinó que “los metadatos”, es decir, todo aquello que utilizan los buscadores de Internet para localizar un texto, “forman parte de la investigación”. Y, por tanto, están a disposición de cualquiera que los desee consultar.