Borrar la historia

Borrar el nombre de Antonio Luis Baena Tocón, el secretario judicial que intervino en uno de los consejos militares que en 1940 condenó a muerte al poeta Miguel Hernández, como ha hecho la Universidad de Alicante, es un intento de reescribir la historia al antojo de quienes se sienten agraviados por hechos del pasado. En este caso ha sido el hijo de quien en aquellos tiempos ejerció de alférez del Ejército franquista el que ha invocado la ley de protección de datos para que se suprima el nombre de Baena Tocón de sendos artículos de un catedrático del campus publicados en el dominio de Internet del centro académico. Una vez más, se ha producido una colisión de derechos fundamentales: por un lado, el que afecta a la libertad de expresión; por otro, el que reconoce la desaparición de datos personales en el ámbito digital.

En su decisión, el centro se ha inclinado claramente en favor del llamado derecho al olvido bajo el argumento de que el secretario judicial no alcanzó la consideración de “figura pública”. En la necesaria ponderación de derechos, los gestores de la Universidad de Alicante han optado por amparar la privacidad al desindexar el nombre de Baena Tocón con el objetivo de obstaculizar las búsquedas en Internet.

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales reconoce en su artículo 93 el derecho al olvido cuando la información recogida sea inadecuada o inexacta, no fuera pertinente o no estuviera actualizada, teniendo en cuenta los fines para los que se recolectaron tales datos, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información. En el caso del juicio al gran poeta, parece evidente que existe un innegable interés público en saber los nombres de quienes intervinieron o estuvieron presentes en aquel proceso judicial.

Los investigadores están en la obligación de arrojar luz sobre un periodo tan dramático de la historia reciente de España. Indagar en los archivos sobre las atrocidades cometidas durante la contienda civil y la posguerra es una tarea que debe ser preservada y amparada, especialmente por las instituciones académicas. Cualquier intento de torpedear el trabajo de los historiadores, instándoles a borrar los nombres de quienes fueron testigos de hechos deleznables, es una injustificable forma de censura y, como algunos estudiosos han resaltado, una peligrosa involución en el terreno de la expresión y de la investigación. La ley de protección de datos personales no fue concebida para reescribir la historia al gusto de sus protagonistas o sus familiares. Corresponde a una autoridad independiente, como es la Agencia Española de Protección de Datos, analizar el caso y solventar el conflicto.