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PSOE, Cs, Más Madrid y Podemos cargan contra el PP por la trama del 1%

Los partidos piden explicaciones por el presunto uso de contratos públicos para financiar al partido

Ignacio González y Esperanza Aguirre, en 2004 en una reunión del Comité Ejecutivo Regional de PP de Madrid.
Ignacio González y Esperanza Aguirre, en 2004 en una reunión del Comité Ejecutivo Regional de PP de Madrid.

Tras publicar EL PAÍS que el Gobierno de la Comunidad ha encontrado casi 200 contratos públicos firmados entre 2009 y 2013 con la cláusula que obligaba a invertir un 1% del montante total en publicidad, PSOE, Cs y Podemos han reclamado este miércoles que el PP dé explicaciones sobre la presunta trama de financiación ilegal de sus campañas electorales. Aunque no hay constancia de que esos acuerdos formen parte del entramado que investiga el juez Manuel García-Castellón en el caso Púnica, los acuerdos son similares a los otros 50 que ya centran las pesquisas del magistrado para esclarecer si las adjudicatarias estaban obligadas a contratar los actos de marketing con las mismas empresas que hacían las campañas electorales de los populares. Estas compañías, supuestamente, habrían cobrado así el dinero por sus trabajos para el PP, según los investigadores, que analizan contratos que superan los 74 millones de euros.

“Nos parece grave, preocupante y serio”, ha dicho José Manuel Rodríguez Uribes, del PSOE. “Vamos a ver cómo acaba el procedimiento judicial, pero son indicios de criminalidad graves que además tienen que ver con una confusión de muchos años, entre lo institucional y lo partidario”, ha seguido el exdelegado del Gobierno en Madrid, en referencia a que el PP ha gobernado ininterrumpidamente la región desde 1995. “Con la coartada de la publicidad, se ha podido financiar al PP, que habría competido, de demostrarse, de forma dopada [en las campañas electorales] afectando seriamente a las arcas públicas”, ha continuado el diputado socialista, reclamando a los gestores populares que asuman su responsabilidad. “Las responsabilidades políticas deben dirimirse cuando hay indicios graves de criminalidad, no cuando hay una sentencia, porque si es condenatoria, es obvio”, ha argumentado. Y ha puntualizado: “Cuando se dan indicios de esta naturaleza, a través de la Fiscalía y del propio juez, el PP debe dar explicaciones y se deben asumir responsabilidades, porque no es el caso concreto de una consejería, si no que tiene una naturaleza estructural y sistémica”.

“En los peores años de la crisis, con recortes en servicios públicos, los canallas del PP en la Comunidad de Madrid cobraban mordidas del 1% para financiar sus campañas electorales”, ha escrito en sus redes sociales Pablo Gómez Perpinyà, el portavoz parlamentario de Más Madrid.

"Esto ha sido un agujero negro y hay que asegurarse de que no lo siga siendo", advirtió el martes Sol Sánchez, diputada de Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie.

“Si algo nos ha caracterizado desde el primer minuto que llegamos a la Asamblea ha sido nuestro compromiso en materia de regeneración y lucha contra la corrupción”, ha asegurado Ignacio Aguado, el vicepresidente de la Comunidad, de Ciudadanos. “Vamos a proyectar luz, poner taquígrafos en todo lo que hagamos, exigir responsabilidades hasta el final, y demostrar que si hemos llegado hasta el Gobierno de la Comunidad es para demostrar que vamos a seguir apostando por la regeneración y por poner coto, si no fin, a la corrupción, no solamente exigiendo dimisiones, o responsabilidades en sede parlamentaria, si no también cambiando leyes para que lo que sucedió en la Comunidad de Madrid no vuelva a suceder”, ha argumentado. “Desde este Gobierno no vamos a pasar ni una. Todo lo que caiga en nuestras manos que sea susceptible de llevar a la Fiscalía lo vamos a trasladar o a hacer público”, ha añadido. Y ha subrayado: “Son temas que apuestan a otras etapas”.

Todos los acuerdos fueron firmados cuando Esperanza Aguirre o Ignacio González eran presidentes de la Comunidad de Madrid. Ambos están siendo investigados en el caso Púnica, y han negado cualquier implicación en la trama del 1%. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta actual, también del PP, ha defendido este miércoles que confía en la inocencia de Aguirre, para quien trabajó en los inicios de su carrera política. 

"Sí, yo tengo confianza en ella y mientras no se muestre lo contrario así lo haré con cualquier persona que no se tenga que enfrentar a procedimiento judicial", ha comentado la presidenta de la Comunidad. "A mí me parece mucho más noticiable que se guarde información al respecto en cajas fuertes, como están haciendo en los ERE de Andalucía, que eso contrae unas condenas concretas, y ya se sabe cuánto dinero ha malversado [el PSOE]", ha añadido. 

La Comunidad de Madrid encuentra 200 contratos con la cláusula que nutrió la caja b del PP

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Tras una petición de información a la que accedió EL PAÍS, la Comunidad de Madrid ha admitido la existencia de 196 contratos firmados entre 2009 y 2013 con la cláusula del 1% que se investiga en la Audiencia Nacional. Esos acuerdos fueron firmados por la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, o por la extinta Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra), por lo que no incluyen los rubricados por la Consejería de Sanidad y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), también bajo investigación. ¿El problema? Nadie encuentra, por ahora, las facturas. No hay constancia, tampoco, de que se emplearan en la trama investigada. Sigue leyendo aquí.

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