El futuro de los presos marca la negociación en su semana clave

Pese a la discreción con la que PSOE, PSC y Esquerra están llevando la negociación para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, existe un moderado optimismo de las partes en que podría haber acuerdo. En ese contexto, las decisiones sobre el régimen penitenciario de los presos condenados por el procés podría marcar el nuevo escenario negociador a partir de los próximos días, en que la Generalitat deberá pronunciarse sobre su clasificación. La decisión puede ser recurrida por la Fiscalía, que meses atrás se mostró muy crítica con la actuación del Govern en este tema.

Nada más conocerse la sentencia que dictó el Tribunal Supremo el 14 de octubre contra los dirigentes del procés empezaron las especulaciones y vaticinios de la derecha mediática y política sobre el trato de favor que tendrían los penados por el hecho de cumplir condena en centros penitenciarios catalanes, porque la Generalitat tenga transferidas estas competencias y porque la consejera sea de Esquerra Republicana.

La titular del Departamento de Justicia, Ester Capella, que ha sido abogada penalista y diputada en el Congreso antes que consejera, quiere evitar a toda costa darles la razón y que se transmita ese trato de favor a los políticos presos a partir de los próximos días, cuando la Generalitat se ha de pronunciar sobre el régimen penitenciario de los nueve condenados. Esquerra Republicana no tiene prisa en acelerar la investidura de Pedro Sánchez, ni en facilitar el régimen abierto de los presos sin amparo legal, pese a la proximidad de las fiestas navideñas. Los socialistas, por su parte, reclaman a la Generalitat que se ciña a la ley y que evite cualquier favoritismo.

ERC se mostró muy crítica con la Fiscalía durante el juicio a los dirigentes independentistas, en el que los acusó por rebelión y no por el delito de sedición que finalmente fue por el que se les condenó, y no es descartable que en las negociaciones políticas sobre la investidura sondee a los socialistas para conocer cual será la posición del ministerio público acerca del futuro de los presos.

El próximo día 14 vence el plazo de dos meses para que las juntas de tratamiento de las tres cárceles en las que están los condenados hagan una propuesta de clasificación. A partir de este diagnóstico, el Departamento de Justicia dispone de otros dos meses para aprobarla o rechazarla. Nada hace prever que el Govern se apresure en su decisión, pues el próximo día 19 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará sentencia sobre si reconoce al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras la inmunidad parlamentaria y si adquirió la condición de europarlamentario cuando salió elegido el 26 de mayo. Queda por ver el alcance de esa sentencia, aunque parece improbable que el TJUE ordene la excarcelación de Junqueras, condenado a 13 años de cárcel, y en contra de la cual se pronunció el abogado general del tribunal.

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo no recogió la petición de la fiscalía durante el juicio para que se aplicara el artículo 36.2 del Código Penal, de manera que se ordenase que los condenados no pudieran ser clasificados en tercer grado penitenciario hasta que cumplan la mitad de la pena impuesta. Nada impediría a la Generalitat optar por esa vía y permitir que los presos disfruten del régimen abierto de lunes a jueves y que esos días solo acudan a la cárcel para dormir. Sin embargo, esa opción implica un riesgo que quieren evitar a toda costa las defensas y es que la Fiscalía puede recurrir la decisión ante el juez de vigilancia, en primer término, y posteriormente ante el tribunal sentenciador que presidió Manuel Marchena.

En este escenario parece improbable que la Fiscalía renuncie a ese recurso, especialmente si se recuerda que en la memoria del año pasado ya cuestionó la imparcialidad de las autoridades penitenciarias catalanas para evaluar a los presos una vez condenados y consideraba “anormal” la presencia de dirigentes políticos en las prisiones y las continuas manifestaciones a las puertas de la cárcel.

Otra vía que se antoja más probable y que bendicen las defensas es que la Generalitat clasifique a los presos en segundo grado, el régimen ordinario, que es el que se aplica en la inmensa mayoría de los casos. Al margen de callar las bocas que hablarían de un trato de favor y que no alterarían la vida en el interior de la cárcel como sí podría pasar con el tercer grado ante condenas tan elevadas, el segundo grado permitiría un régimen abierto.

El artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario contempla esa posibilidad si el preso acredita que dispone de un trabajo durante el día que esté fuera del centro, algo muy factible para los afectados. También el artículo 117 de ese reglamento lo prevé y es el que ampara la salida de la cárcel los martes y los jueves de Iñaki Urdangarin. Esa medida se empezaría a aplicar desde que se conceda y también puede ser recurrida por la fiscalía ante el juzgado de vigilancia penitenciaria, pero en última instancia la decisión final no la tendría el Tribunal Supremo, sino las audiencias provinciales de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, donde están situadas las cárceles.