El juez no ve delito en el sobrecoste del AVE en Sagrera

El sobrecoste en las obras en torno a la futura estación de La Sagrera, en Barcelona, no es un delito. La juez que investiga el presunto desvío de más de 80 millones de euros ha dado carpetazo —con el aval de la Fiscalía— al asunto. Los excesos presupuestarios, concluye la magistrada, se deben a la “urgencia” para acabar, en el plazo previsto, la ejecución de un proyecto complejo.

En 2016, la Fiscalía Anticorrupción se querelló contra una veintena de personas entre cargos de Adif, responsables de la obra y empleados de las empresas adjudicatarias. Les acusaba de provocar un desvío millonario. Después de tres años de investigaciones, los complejos informes periciales aportados por las defensas han sido clave. La juez concluye que no se ha podido probar que hubiera “menoscabo en los fondos públicos”.

Los sobrecostes existieron. Pero obedecieron a “obras imprevistas y urgentes”. Como la prioridad era cumplir con los plazos de ejecución, se reservó para el final el cobro de los trabajos, lo que provocó el desajuste presupuestario.

Investigación abierta

La juez indica que las reclamaciones económicas por el desfase deben resolverse en un juzgado de Madrid, que mantenía paralizado un contencioso a la espera de que se cerrase la vía penal.

La querella inicial se basaba en una auditoría de Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias, que detectó excesos en las certificaciones de obra de tres tramos cercanos a la estación de La Sagrera. Adif detectó esas anomalías como consecuencia de otro procedimiento judicial que sigue abierto.

La Operación Yogui, en 2014, provocó una decena de detenidos por corrupción en las obras del AVE entre Madrid y Barcelona. El juzgado de instrucción número 9 de Barcelona mantiene viva esa investigación por la presunta malversación de seis millones de euros. La empresa adjudicataria, Corsán, “benefició económicamente a varios altos cargos de Adif”, entre otras cosas con un viaje a las pistas de esquí de Aspen. Los responsables de Adif aumentaban de forma ficticia las certificaciones de obra, lo que permitía a las empresas cobrar más.