Almeida se estrena con protestas ciudadanas y un auto judicial en sus tres primeras semanas

La decisión del juez de paralizar cautelarmente la moratoria de multas de Madrid Central, en vigor desde este lunes, no es definitiva pero supone un frenazo a la primera decisión, y la más sonada, del gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida (PP) y Begoña Villacís (Cs). No se han cumplido ni tres semanas desde que se constituyó el Ayuntamiento y el nuevo equipo de gobierno ya acumula una manifestación y un auto judicial que señala que la medida municipal puede generar un perjuicio sobre el “interés público”. El Consistorio recurrirá el auto.

La contestación ciudadana y política contra la paralización de las sanciones se materializó en una manifestación ante la puerta del Ayuntamiento el sábado pasado en la que participaron entre 10.000 personas, según la policía, y 60.000, de acuerdo con los organizadores. Frente a las protestas, el gobierno municipal ha publicado datos de tráfico y contaminación muy cuestionados que pretendían demostrar que su medida no tenía ningún impacto negativo en el centro de Madrid.

El juez considera sin embargo que la paralización de facto de Madrid Central que produce la moratoria podría suponer “una evidente emisión de gases contaminantes en la zona de bajas emisiones” debido a la entrada de “vehículos contaminantes no autorizados”, que pueden cruzar el área “sin limitaciones ni control”.

El Ayuntamiento ha anunciado que recurrirá el auto "al considerar adecuada y ajustada a derecho  la moratoria de multas de Madrid Central". "Como no podría ser otra forma, acatará cualquier decisión judicial al respecto", afirma en un comunicado en el que señala que otros dos autos han rechazado medidas cautelares similares y que este "no entra a valorar el fondo jurídico del asunto".

Uno de esos autos es el que presentó este jueves el PSOE. El juez decidió dar trámite de audiencia al Ayuntamiento, es decir, escucharle antes de tomar una decisión sobre las cautelares solicitadas. Fuentes socialistas explican que sus argumentos eran parecidos a los del recurso de Ecologistas en Acción y Greenpeace. Por un lado, explicaban que "la suspensión de las multa suponía de facto eliminar la Zona de Bajas Emisiones" y por otro, que "existía un riesgo muy importante para la salud de las personas". En tercer lugar, señalaban que "España se arriesgaba a que la UE reactivara el procedimiento sancionador" por superar los límites legales permitidos de contaminación atmosférica.

"Estamos contentos y satisfechos con la suspensión de la moratoria", ha manifestado el portavoz del grupo municipal socialista, Pepu Hernández. En su cuenta de Twitter, ha subrayado que no se trata de "una cuestión ideológica". "No solo es la izquierda ni los madrileños en las calles, sino la justicia quien defiende que respiremos un aire puro", ha añadido.

Inés Sabanés, la exdelegada de Medio Ambiente del anterior gobierno y artífice de la zona de tráfico restringido ha celebrado la decisión judicial, que considera "una gran noticia y un reconocimiento a tantísimas organizaciones y a toda la gente que salió a la calle en defensa de la salud". La concejal de Más Madrid ha denunciado que la suspensión de las sanciones ha supuesto "un aumento de tráfico y un auténtico caos para nuestra ciudad". "No se puede gobernar desde la demagogia y desde la falta de rigor; hablamos de salud y la obligación primera del Ayuntamiento es preservar la salud y luchar contra la contaminación".

"La primera batalla perdida de los que vienen sólo a deshacer y a retroceder. Y las que les quedan. Ese es el camino", ha celebrado Íñigo Errejón en la misma red social.

El Ayuntamiento se mantiene

"La postura del equipo de gobierno sobre Madrid Central sigue siendo la misma", ha dicho la corporación local en un comunicado. "Continuará durante estos meses las reuniones con los afectados para plantear un modelo alternativo más eficaz para mejorar la calidad del aire", añade la nota.

El término "modelo alternativo" es la fórmula con la que han dado para contentar a los votantes tanto del PP, como de Cs y Vox. Los populares firmaron sendos acuerdos de gobernabilidad con sus socios de gobierno y con la ultraderecha, y en los dos se mencionaba Madrid Central pero en términos muy distintos. Donde Ciudadanos planteaba "reformar", Vox propugnaba acabar "con la política de prohibiciones y restricciones".

En su programa electoral, el PP prometía revertir la medida. El gobierno municipal insiste en que Madrid Central es un fracaso y plantea lo que considera alternativas más eficaces, como dar subvenciones para renovar la flota de vehículos de la ciudad por otros menos contaminantes y para cambiar las calderas de carbón y gasoil. Los ecologistas advierten de que lo primero significa formentar la cultura del uso de vehículo privado, en contra de la tendencia europea de reducirlo, y lo segundo apenas abordará el 6% de la contaminación de la capital. Lo que no aclara Almeida es en qué quedará Madrid Central.