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Los empresarios señalan como prioridad de Colau la lucha contra la inseguridad

Seis instituciones económicas de la ciudad consultadas reclaman a la alcaldesa medidas para garantizar el orden

Cristian Segura

Combatir la inseguridad debe ser la prioridad del nuevo gobierno municipal de Barcelona. Esta es la posición que defienden de forma unánime seis instituciones económicas de la ciudad consultadas por EL PAÍS. “Barcelona no puede proyectarse al mundo con el espacio público degradado, ocupado por comercio ilegal o con una inseguridad creciente”, asegura el hotelero Pau Guardans, presidente de la asociación empresarial y académica Barcelona Global. El presidente de la patronal Pimec, Josep González, apunta que “la seguridad debe mejorar” y que ahora “se está dando mala imagen”.

Una protesta de vecinos por la inseguridad en el Raval.
Una protesta de vecinos por la inseguridad en el Raval.ALBERT GARCIA

González añade que la administración debe poner fin al top manta y a actividades ilegales en el mercado de los alojamientos turísticos: “Tenemos un problema creciente con los manteros, por la imagen poco edificante que dan y porque perjudica al pequeño comercio que paga sus impuestos”. La otra patronal de referencia, Foment del Treball, publicó en mayo un documento de propuestas para el nuevo gobierno municipal; el texto pide “medidas urgentes en favor de la seguridad ciudadana y del comercio”.

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Los delitos aumentaron en la capital un 17,2% en 2018, el mayor crecimiento en una ciudad española, según el Ministerio del Interior. Los hurtos subieron un 9% en el primer trimestre de 2019, los robos con violencia, un 28%, y los robos con fuerza en domicilios y establecimientos, un 15%, según Interior.

Criminalidad y comercio ilegal también son cuestiones subrayadas por representantes de la comunidad empresarial europea. “La seguridad es el principal reto a solucionar”, dice Philippe Saman, director general de la Cámara de Comercio Francesa. Saman hace hincapié en el top manta y pide “una solución pactada entre todas las instituciones para erradicar este fenómeno”. Albert Peters, presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana, insiste en la misma cuestión: “La inseguridad en Barcelona incluso ha tenido repercusión internacional. Y los manteros, sin olvidar que son personas vulnerables que quieren salir adelante, no pueden permitirse porque cometen una actividad ilegal”. Sobre los manteros, Foment denuncia “una cierta permisibilidad que ha hecho que esta actividad comercial ilegal haya aumentado de forma descarada, provocando un efecto llamada”.

Más colaboración público-privada

Otro asunto que une a los empresarios es la defensa de la colaboración entre el sector privado y la administración. Guardans afirma que “sumar esfuerzos entre lo público y lo privado hará más fácil” impulsar medidas en vivienda, en cultura, en el “apoyo a emprendedores”, “en gestionar mejor el turismo o en cuidar mejor la reputación de la ciudad”.

Saman reclama que se continúe la relación público-privada en ámbitos que los comunes querían revertir, como el servicio del agua, “porque han funcionado bien y porque aportan riqueza a la ciudad”. Joan Gaspart, presidente de Turisme de Barcelona, advirtió de que si se rompe la convivencia entre lo público y lo privado, Barcelona “sufrirá mucho”.

El secretario general del Gremio de Hoteles de Barcelona, Manel Casals, señala también esos problemas: “Hay que mejorar la seguridad y el civismo, sean los manteroso los carteristas. Parece que todo vale en algunos barrios”. Casals añade que en este segundo mandato, Ada Colau deberá continuar cerrando pisos turísticos ilegales: “Queda mucho por hacer”.El secretario del gremio hotelero considera que hay que revertir el posicionamiento de los comunes en la anterior legislatura a favor de desacelerar el turismo; en concreto, Casals pide que se retiren las limitaciones a ampliar capacidad hotelera incluidas en el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT). “Parece que en los últimos años ha interesado más explicar la parte negativa del turismo; ahora tenemos que positivizarlo, explicar sus bondades”, dice Casals. Saman también es crítico con el PEUAT y considera que algunas decisiones del equipo de Colau han ahuyentado a inversores: “Barcelona ha perdido grandes marcas que se han ido a otros destinos. Hay que darles otra oportunidad”.

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González secunda al gremio de hoteleros y pide que “se deje de cuestionar el turismo”, opinión en la que coincide Foment: “Habrá que revertir y corregir situaciones que ponen en riesgo el éxito del modelo turístico de Barcelona y propiciar al mismo tiempo que esta actividad sea motor de progreso de la ciudad, mejorando la imagen de la actividad turística ante el ciudadano y la convivencia entre vecinos y visitantes, explicando de forma didáctica la contribución que el turismo hace a la ciudad”.

Construir más vivienda

Todos los entrevistados aplauden que Colau “haya situado en la agenda de la ciudad la disminución de las desigualdades”, según Guardans, y creen que debe continuar ese camino. “Colau debe mantener la sensibilidad social porque, aunque no siempre ha dado resultados, sí ha habido predisposición a mejorar”, explica González. El presidente de Pimec remarca que es necesario seguir con la construcción de vivienda de protección oficial: “Los precios suben por escasez de la oferta de alquiler y por el aumento de la demanda. La solución es construir más vivienda”. Foment también ahonda en la necesidad de estabilizar los precios inmobiliarios, por lo que sugiere que se incremente “el parque de vivienda de alquiler de forma acelerada” y que se incentive la actividad constructora de promotores privados.

González y Peters incluyen en sus prioridades la protección a la pequeña y mediana empresa. “Son necesarias políticas que promuevan el pequeño comercio frente al e-commerce. Hay que evitar que Barcelona sea una ciudad dormitorio sin comercios”, apunta el presidente de Pimec. Peters solicita al consistorio “facilitar ampliaciones de establecimientos, permisos de negocios y más hoteles”.

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Sobre la firma

Cristian Segura
Escribe en EL PAÍS desde 2014. Licenciado en Periodismo y diplomado en Filosofía, ha ejercido su profesión desde 1998. Fue corresponsal del diario 'Avui' en Berlín y en Pekín. Desde 2022 cubre la guerra en Ucrania como enviado especial. Es autor de tres libros de no ficción y de dos novelas. En 2011 recibió el premio Josep Pla de narrativa.

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