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La Fiscalía pide 5.760 euros de multa a Rommy Arce por un delito de injurias a la Policía Municipal

El ministerio público pide la misma cantidad para el portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, Malick Gueye

La concejal Rommy Arce, en el pleno municipal del 22 de marzo. Ampliar foto
La concejal Rommy Arce, en el pleno municipal del 22 de marzo.

La Fiscalía de Madrid ha pedido que la concejal presidenta de los distritos madrileños de Arganzuela y Usera (Madrid) en funciones Rommy Arce y para el portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, Malick Gueye, paguen 5.760 euros en concepto de multa por un delito de injurias contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por unas declaraciones tras la muerte del mantero Mame Mbaye el 15 de marzo de 2018.

El ministerio público mantiene su acusación en el informe realizado por los facultativos del Samur que atendieron a Mbaye tras sufrir una parada cardiorrespiratoria como el informe del levantamiento del cadáver emitido por el médico forense del juzgado de guardia. Ambos coincidieron, como después demostró la autopsia realizada al cuerpo en el Instituto Anatómico Forense, que no se apreciaron lesiones traumáticas en la víctima.

En breve, fuera del Ayuntamiento

La concejal en funciones Rommy Arce perderá en diez días su condición de edil y dejará de desempeñar un cargo público electo. Arce se presentaba como número 2 de la lista de Madrid en Pie Municipalista, que encabezaba el también edil en funciones Carlos Sánchez-Mato.

Madrid en Pie no consiguió ninguna representación en las elecciones del pasado 26 de mayo, al no lograr el 5% de los votos necesarios para entrar en la Corporación municipal. Cosechó 42.855 votos, lo que representa el 2,63% del total.

En la misma línea, el informe forense determinó que la muerte del mantero fue natural sin intervención de terceras personas, siendo la causa meditada del fallecimiento la arritmia cardiaca ventricular con fibrilación auricular refractaria al tratamiento y la causa fundamental de la muerte fue una miocardiopatía arritmogénica.

La edil publicó diversos mensajes en su cuenta personal de Twitter sobre esta muerte. El primero, el mismo día: "Lucrecia Pérez, Sanba Martine... hoy Mame Mbaye. Los "nadie" víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Mame ser negro pobre y sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo".

Y otros dos el día 17 de marzo: "Ayer Lavapiés dio una lección de democracia clamando justicia. Una concentración pacífica rindió homenaje a Mame Mbaye y exigió el fin de las políticas migratorias racistas y xenófobas que priva de derechos a las migrantes. No más persecuciones policiales en nuestros barrios" y ''el portavoz de @manteroslateros @ghetto82 en L6Nvozpensionistas señala a la Ley de Extranjería que persigue, acorrala, discrimina y estigmatiza a los manteros. Es la causa de la muerte de Mame Mbaye. Exigen el fin del hostigamiento policial".

Por su parte, Malick Gueye concedió una entrevista al diario 20minutos en la que afirmó que llevaban tres años "denunciando la persecución, el acoso y explicándole al Ayuntamiento lo que está pasando; esto no es algo nuevo que llegan y matan a Mame".

"Estaba un amigo con él y cuando intenta ayudarle para meter los dedos en la boca para no morderse la lengua, la Policía lo empujó y lo apartó. Los mismos policías se bajaron de la moto y lo empujaron y ahí se murió", dijo, entre otras cuestiones.

El Ministerio fiscal recalca que con los mensajes de los acusados, conocedores de su perfil público y de la repercusión de sus palabras, trasladaron "el mensaje inequívoco de que el fallecimiento del ciudadano senegalés era consecuencia de la actuación policial, lo que dio lugar a una inmediata reacción en la red, que vio inundada de múltiples mensajes en los que se reiteraba el carácter xenófobo de la Policía Local de Madrid, con imputaciones directas de ser responsable de la muerte del ciudadano senegalés con evidente desprecio a lo realmente sucedido".

La Fiscalía ha apreciado un delito de injurias contra el cuerpo policial y solicita que ambos procesados sean condenados a una pena de 16 meses a razón de 12 euros de cuota diaria, lo que supone una condena final de 5.760 euros. En caso de que no pudieran hacer frente a la misma, deberán responder con sus bienes personales, según el escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS. El ministerio público pide el archivo de la causa para tres personas anónimas por sus declaraciones al respecto en redes sociales.

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