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La Cámara de Cuentas detecta un fraccionamiento irregular de contratos en 2017

El 94% de los contratos menores de la Comunidad de Madrid pertenecen al Servicio Madrileño de Salud

Cristina Cifuentes, el día de su dimisión, el 27 de abril de 2018. Ampliar foto
Cristina Cifuentes, el día de su dimisión, el 27 de abril de 2018.

La Cámara de Cuentas detecta un posible fraccionamiento de los contratos menores del Ayuntamiento de Madrid en 2017 y reprocha que en algunos procesos no se haya logrado concurrencia de tres ofertas o la ausencia de facturas que impide fiscalizar. Esa es la conclusión que figura en el último informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas (fechado el 29 de mayo) sobre los contratos menores de la Comunidad de Madrid durante 2017, es decir, con Cristina Cifuentes al frente del Gobierno madrileño.

Así lo indica este órgano fiscalizador en un informe que también denuncia fraccionamiento en la contratación menor hecha en 2017 por la Comunidad de Madrid, que es "generalizada" en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). El 94% de los contratos menores de la Comunidad de Madrid pertenecen al Servicio Madrileño de Salud.

En el caso del Ayuntamiento de Madrid se han remitido 4.358 contratos menores suscritos en 2017 por valor de 20 millones de euros, que suponen el 78,26% de los contratos hechos aunque solo un 3,44% del total del gasto hecho a través de la contratación pública, de 580 millones de euros.

La Cámara de Cuentas ha efectuado una muestra de 136 contratos para su fiscalización y critica que "con carácter general" en la documentación aportada por el Ayuntamiento de Madrid no se incluya "la perceptiva factura" lo que impide su fiscalización.

En varios contratos, este órgano señala que "no se consiguió una concurrencia efectiva" porque solo hubo una oferta, porque no se pidieron o, en otro caso, porque aunque hubo tres ofertas pertenecían todas ellas a cooperativas de un mismo grupo.

Además, reprocha cuatro contratos menores suscritos por 18.000 euros, el valor límite al que no se puede llegar para adoptar esta fórmula de contratación, en la asistencia técnica de una campaña de comercio justo, en vinilos en publicidad de taxis o en el distrito de Latina.

Respecto al fraccionamiento, critica por ejemplo el contrato de suministro de vestuario para agentes de movilidad -dos contratos a la misma empresa por un total de 30.200 euros, el suministro de consumibles informáticos o de suministros para taxis, el montaje y desarrollo de una jornada sobre presupuestos participativos o la dinamización comercial en un distrito.

La Cámara de cuentas recuerda que el objeto de un contrato puede admitir fraccionamiento pero debe justificarse en que cada una de sus partes se pueden realizar de forma independiente, en lotes, pero no si son artículos relacionados entre sí.

La oposición municipal ha puesto en cuestión la contratación menor acometida durante el mandato de Manuela Carmena y le ha acusado de tejer una red clientelar adjudicando contratos y subvenciones a cooperativas afines.

El grupo del PP registró en julio de 2018 una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias y aportó doce anexos referidos a las personas presuntamente implicadas, a contratos, subvenciones, convenios, convalidaciones, reconocimientos extraoficiales de créditos o contratos menores.

En abril de 2018 el Gobierno de Manuela Carmena dejó sin efecto la instrucción que obligaba a solicitar tres ofertas distintas antes de adjudicar un contrato menor, alegando que la nueva Ley de Contratos del Sector Público establece controles eficientes.

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