Los altos cargos de Compromís en Divalterra se niegan a declarar ante el juez

Los cuatro altos cargos de Compromís cuyas contrataciones en la empresa pública Divalterra investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de València se han acogido este lunes a su derecho a no declarar a ninguna de las partes, según fuentes jurídicas. Según ha explicado a su salida de los juzgados uno de los investigados -Josep Lluís Melero-, desconocen de qué se les acusa.

Los directivos de la antigua Imelsa que han comparecido este lunes ante el juez que instruye el conocido como caso Alquería son los cuatro que nombró Compromís: los responsable de las áreas de Turismo, Pau Pérez, concejal de Compromís en Oliva; de Promoción Económica, Innovación y Proyectos de Formación, Josep Lluís Melero, edil de la coalición en Silla; de Medio Ambiente, María Soledad Torija, y Raúl Ibáñez Fos, de Compromís per Sueca, responsable de Administración General.

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El próximo viernes será el turno de los cargos investigados que corresponden al PSPV y, en principio, con esto todas las diligencias previstas en la instrucción del caso ya habrán sido completadas.

Por estas contrataciones están investigados por los delitos de prevaricación y malversación el expresidente de la corporación provincial Jorge Rodríguez y otros seis ex altos cargos: el que fuera su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario letrado del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda; Manuel Reguart, asesor de Rodríguez y los dos directores gerentes: Xabier Albentosa y Agustina Brines, además de los nueve directivos contratados supuestamente de manera irregular.

Fuentes de las defensas han asegurado a Efe que la negativa a prestar declaración se fundamenta en que todavía quedan informes periciales por incorporar al sumario, si bien la acusación, que ejerce el PP, ha dejado patente el hecho de que el sumario es perfectamente conocido por las partes y en él constan ya numerosos informes como el del la IGAE, Hacienda o la Fiscalía, entre otros.

Está pendiente todavía la incorporación del informe policial sobre los teléfonos móviles y ordenadores intervenidos a los procesados.

La UDEF ha cifrado en cerca de dos millones de euros el coste para las arcas públicas que hubiese supuesto la contratación, durante toda la legislatura, de estas siete personas supuestamente colocadas irregularmente en la Diputación de Valencia en otoño de 2015, a razón de 70.000 euros brutos cada uno.

Sobre este extremo, la defensa del expresidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, ha señalado reiteradamente que no ha habido apropiación alguna de fondos, que estas contrataciones fueron legales, que no constan informes en contra por parte de los servicios jurídicos de Divalterra y que los empleados hicieron sus funciones y debían cobrar por ello.

Adscritos o vinculados a los dos partidos

En siete de los nueve casos, un informe de la UDEF consideró que parece que las contrataciones se hicieron bajo la modalidad de personal de alta dirección como "fraude de ley" para evitar la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público aplicables a las sociedades mercantiles públicas en materia de contratación laboral, "consiguiendo de este modo e independientemente de la capacitación personal de los contratados, la vinculación a la sociedad de personas adscritas o vinculadas" a Compromís y PSPV, al frente de la Diputación.

El informe añadía que de acuerdo a informes jurídicos emitidos a petición de la empresa y que constan en la denuncia que llevó a Fiscalía a trasladar el caso al juzgado, esas contrataciones como personal de alta dirección no se ajustan a los requisitos por lo que "además de producir una vulneración evidente de la ley supone asimismo una utilización instrumental de la misma" para hacer una contratación de personal "directa y partidista" sin concurrencia de principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia e independencia. Además, sin conocimiento del consejo de administración.

Otro informe pericial que consta en el sumario revela que ninguno de esos siete primeros altos directivos ejercía funciones directivas en materia de contratación ni rectoras, no tenían capacidad de representación ante otras administraciones y no existía un incremento ni en la evolución de la cifra de negocio ni en los presupuestos que avalara esa contratación.

En ese documento pericial se apunta que el coste del personal contratado asciende a 1.122.095,80 euros, frente a los dos millones que apuntan los investigadores. La remuneración más alta alcanzaría los 153.964 euros por tres años, y la más baja 6.542 euros, únicamente por un mes, entre febrero y marzo de 2018. Todas ellas --excepto esa última-- son de noviembre de 2015 y se prolongan tres hasta 2017 y el resto hasta 2018.

Consta en el informe de la UDEF que bajo una "clima de presión" sobre el personal técnico y laboral de Divalterra se "impuso" por orden del entonces presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, la contratación de los dos últimos investigados. La última de estas personas, además, no llegó a desempeñar el cargo.