Investigado el guardia urbano que mató de un disparo a la perra ‘Sota’

La investigación sobre la muerte de la perra Sota, abatida de un disparo en las calles de Barcelona el pasado diciembre, avanza al fin. Un juez de Barcelona ha citado a declarar, como investigados, al agente de la Guardia Urbana que efectuó el disparo mortal sobre la cabeza del animal en la Gran Vía y también a su compañero de patrulla. Tras practicar la autopsia, el juez ha acordado "entregar los restos del animal" al Hospital Veterinario de Montjuïc. El dueño había solicitado no incinerar el cuerpo y está tratando de recuperarlo.

Sota –diminutivo de Minnesota– se encontraba junto a su dueño, un joven estonio llamado Tauri Ruusalu que vive en las calles de Barcelona y vende pulseras para sobrevivir. El animal, un mestizo de labrador, no llevaba puesta la correa, lo que llamó la atención de una patrulla de la Guardia Urbana que pidió a Ruusalu que se identificara. El relato de Ruusalu y el de los policías difiere completamente y es lo que trata de aclarar el juez. Los agentes denunciaron al chico por atentado a la autoridad; él, por su parte, denunció a los agentes por un delito de lesiones -dice que le pegaron- y también por maltrato animal.

Según la Guardia Urbana, el joven se mostró reacio a identificarse y azuzó al animal, que mordió en el brazo a uno de los agentes y trató de alcanzarle también el cuello. Ruusalu, por su parte, niega que Sota les mordiera y asegura que se quedó en estado de shock cuando el agente disparó el arma reglamentaria contra el animal, que murió a los pocos segundos.

La muerte de Sota desató una oleada de indignación entre los colectivos animalistas, que tras los hechos protagonizaron diversas protestas. El Ayuntamiento de Barcelona también se inmiscuyó en el asunto y anunció la apertura de una investigación. La abogada Inés Guardiola interpuso una denuncia en nombre del joven estonio que ha estado prácticamente paralizada hasta ahora, cuando el titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona la ha activado por fin.

Además de los dos urbanos citados como investigados para el próximo 1 de julio –tal como ha avanzado este jueves El Periódico–, el juez ha llamado a cuatro testigos de los hechos. Dos de ellos merecen la condición de testigos protegidos, ya que temen represalias. Antes, el 26 de junio, deberá comparecer Tauri para "ratificar la denuncia" y para que, en su condición de víctima, le examine un forense.

El auto judicial, al que ha accedido EL PAÍS, acuerda algunas diligencias solicitadas por las acusaciones, que ejercen Tauri por un lado y también diversas entidades de defensa de los derechos de los animales como acusación popular. Ordena, por ejemplo, que los Mossos identifiquen a dos usuarias de Facebook que supuestamente disponen de información de los hechos.

Otras peticiones han sido rechazadas. Por ejemplo, la de incorporar los vídeos de las cámaras de seguridad de un hotel y un supermercado cercanos: los Mossos han comprobado que no grababan ninguna imagen, sino que eran disuasorias. Tampoco ve oportuno el juez someter al agente que disparó a una prueba psicológica.

Anna Carbonell, directora de Nova Eucària –una de las entidades que ejerce la acusación– ha lamentado la lentitud de la investigación y que el juzgado "lo esté poniendo difícil" para aclarar los hechos. "Batallaremos hasta el final". Nova Eucària solicita que la causa se declare compleja para que puedan ampliarse las diligencias.