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La lenta asfixia de la ayuda social

La plantilla del SAMUR social, servicio público municipal que acaba de celebrar su 15º aniversario, denuncia la falta de recursos para atender situaciones de emergencia

Lucía Franco
Samur social se manifiesta enfrente del Ayuntamiento
Samur social se manifiesta enfrente del Ayuntamiento Lito Lizana

Siempre están ahí. Las 24 horas del día; los 365 días del año. Ante un desahucio; en una situación de malos tratos; frente a la violencia machista o ante un ataque Lgtbfobo. El trabajo del personal del Samur Social consiste en atender cualquier tipo de emergencia social. "No siempre se puede prestar el servicio cómo se debería", lamentan los responsables del organismo que denuncia cierto "abandono" por parte de las instituciones: "Se ha provocado una lenta asfixia de la ayuda social". 

El servicio, financiado por el Ayuntamiento de Madrid, contó el año pasado con algo más de 60 millones de euros, un 10% más que en 2014 (cuando contó con unos 52 millones de euros). A pesar de ese aumento presupuestario, la plantilla lleva tiempo denunciando la falta de recursos especializados y la sobrecarga de los trabajadores. "No se ha producido un aumento de plantilla acorde a las necesidades de una ciudad como Madrid", dice el delegado sindical de Samur, Eloy Del Cura Sanz, de 41 años. El sindicato calcula que hacen falta, al menos, 200 trabajadores. Como consecuencia de esa escasez de personal, los trabajadores pasan noches enteras sin dormir. También han aumentado las bajas por depresión. "Decidí denunciar la situación que estábamos viviendo. Solo entonces pude volver a dormir en paz”, apunta Del Cura.

En los últimos meses, Samur social ha visto incrementada su actividad con relación a la atención de migrantes, en algunos casos familias, solicitantes de asilo o de refugio. El Ayuntamiento dispone de 973 plazas de acogida de emergencia. La mayor parte, para hombres sin techo (el colectivo más numeroso); otras se destinan a mujeres sin hogar y el resto quedan para cualquier ciudadana o ciudadano en situación de emergencia.

"Los migrantes son una población vulnerable que actualmente, y debido a la saturación del sistema, no encuentra la protección y la acogida adecuada", explica Azucena Pérez del comité de empresa de trabajadoras de Samur. "Se ofrece una solución habitacional para un corto periodo de tiempo, pero la realidad es diferente: los solicitantes no tienen opciones de irse y acaban quedándose meses", continúa. Su compañero Del Cura comparte esa visión: "No se cumple con las condiciones habitacionales mínimas. Si una persona está acostada y estira la mano toca al que tiene al lado”. “No hay inspecciones y el defensor del pueblo no hace nada”, lamenta Pérez, que enumera las múltiples denuncias realizadas desde el sindicato COBAS.

El casi millar de plazas municipales no son suficientes para la realidad actual, según los sindicatos. En los últimos años, las necesidades de atención de emergencia se han disparado lo que ha provocado que personas vulnerables hagan noche en una silla, sobre una mesa o recostados en un pasillo de la recepción del cuartel general del Samur Social, en La Latina.

Nos hemos visto obligados a dejar a niños durmiendo en la calle, porque no teníamos capacidad”, denuncia Pérez, que remarca lo complicado que es para un trabajador tomar este tipo de decisiones. “Somos conscientes de que a veces tenemos que decir que no, pero cuando es porque las administraciones no han identificado las necesidades actuales del servicio, pesa especialmente”, explica Pérez, que lleva 10 años ejerciendo de trabajadora social en el organismo municipal.

La plantilla del SAMUR pide al Ayuntamiento de Madrid más recursos para el servicio social, con especial atención a las emergencias sociales y a la atención a personas sin hogar. "Se deben adaptar los recursos a la realidad social de la capital, que ha cambiado mucho en los últimos años", resumen los representantes laborales. Además, solicitan que se dé una "respuesta real" a los problemas en lugar de "soluciones parciales". Hablan de la municipalización del Samur Social. Una idea que por ahora no parece haber cuajado: el servicio nunca ha sido gestionado directamente por el Consistorio.

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Sobre la firma

Lucía Franco
Es periodista de la edición de El PAÍS en Colombia. Anteriormente colaboró en EL PAÍS Madrid y El Confidencial en España. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Javeriana de Bogotá y máster de periodismo UAM-EL PAÍS. Ha recibido el Premio APM al Periodista Joven del Año 2021.

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