La red de albergues de Madrid deja en la calle a familias con niños

La red de acogida a inmigrantes necesitados está saturada hasta el punto de que los albergues de Madrid están rechazando a familias con niños, embarazadas y enfermos, una población vulnerable que en años anteriores de gran flujo migratorio obtenían protección. Familias enteras están peregrinando por centros de la capital donde les dicen que no hay sitio para ellos, según numerosos testimonios recabados por este periódico. El Samur Social, el servicio de "emergencias sociales" del Ayuntamiento, puso en la calle a 13 familias el viernes por la noche en su sede central de La Latina con ayuda de la policía, según varios afectados que hablaron con EL PAÍS. [Fotogalería: saturación de los servicios sociales]

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La concejala de Derechos Sociales, Marta Higueras, señala que el Samur Social no tiene la competencia del auxilio de personas refugiadas y culpa al Gobierno central de que las familias estén en la calle. Dice que "no se desahució a nadie", sino que fueron apartados de la entrada porque la estaban bloqueando, informa Gloria Pina. Varias familias habían dormido en la sala de recepción la noche anterior.

El Ayuntamiento dispone de 973 plazas repartidas en albergues “de emergencia”, ideados para personas sin techo e inmigrantes (con cualquier estatus legal). Fuentes del Ministerio de Trabajo y Migraciones, responsable de garantizar la acogida de refugiados y solicitantes de asilo por medio de albergues gestionados por ONGs, admiten que su propia red está saturada.

Las administraciones no han reforzado la red de acogida, según fuentes del sector de ayuda a los inmigrantes, a pesar de que los datos indican desde hace meses el fuerte repunte de la llegada de inmigrantes necesitados. Fuentes conocedoras de los números de solicitudes de asilo indican que la Oficina de Asilo y Refugio ya ha recibido más de 40.000 solicitudes en lo que va de año en toda España, lo que supondría superar el récord de 31.120 en 2017.

“Hemos cruzado una línea roja que nunca habíamos cruzado: permitir que haya niños y niñas en calle”, dice Patricia Fernández, abogada de la Red Coordinadora de Barrios, una asociación madrileña con más de 25 años de experiencia con colectivos necesitados. Las carencias de la red de albergues son las peores desde mediados de la década pasada, según veteranos trabajadores del sector. Con el comienzo el domingo que viene de la campaña de frío, el Ayuntamiento está estudiando una respuesta de urgencia a la situación, según fuentes municipales.

Varias familias rechazadas el viernes por el Samur Social encontraron cobijo en la parroquia de Vallecas San Carlos Borromeo, que tiene un largo historial como recurso de última instancia para inmigrantes desamparados. Ninguna administración había preguntado por ellos, según aseguraba en la tarde del sábado el párroco, Javier Baeza. En la sala donde Baeza suele oficiar misa, varios niños veían una película de dibujos animados en una tableta y sus padres charlaban sentados en bancos o dormían sobre colchones.

Los inmigrantes aseguran haber ido de puerta en puerta por centros de Cruz Roja, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Accem y Samur social, donde les recomendaban que siguieran buscando en otros albergues.

Varios decían haber sido expulsados el viernes por la noche de la sede central del Samur Social después de haber dormido el jueves en la recepción. Un trabajador convocó a una habitación aparte a un miembro de cada familia para comunicarles que debían salir.

“De la nada nos dijeron que no podíamos seguir ahí. Que era doloroso, pero por seguridad nos teníamos que ir”, aseguraba este sábado en la iglesia la salvadoreña Nancy Servellón, con su hijo de 3 años en brazos. “Le preguntamos si no les importaba nuestra seguridad en la calle pero no sirvió de nada”.

Anielka Bustamante, nicaragüense madre de dos pequeños de 8 y 3 años, había salido a comprar algo de comida y cuando volvió a la sede de Samur Social, donde durmió la noche anterior, le dijeron que debía irse. Un trabajador le indicó la ruta en metro para llegar a la iglesia. “Solo pedimos un poquito de humanidad por parte del gobierno español, que habiliten carpas al menos”, decía Bustamante.

La falta de espacio en la red de albergues fue patente durante el boom del ladrillo previo al desplome económico de 2008, pero ahora la economía española no está dando trabajo con tanta facilidad a los recién llegados.

También ha cambiado el perfil. Si antes abundaban los hombres solos, en los últimos dos años están llegando muchas familias desde Venezuela o Siria. "La respuesta es más compleja porque la rotación en los centros de acogida es más lenta", dice Luis Nogués, director general de Emergencia Social en el Ayuntamiento madrileño.

Las familias de la iglesia de Vallecas no son las únicas rechazadas por falta de plazas acerca de las que ha tenido conocimiento este periódico. Una abogada de inmigración en Madrid, Cristina Isacura, afirma que varios personas que acuden a ella buscando auxilio han sido rechazadas por albergues de Madrid, entre ellos en septiembre una embarazada de siete meses. “Llamamos a albergues de cinco ONG y entidades distintas. Al final tuvimos que darle dinero para un hotel”, dice Isacura. Finalmente la embarazada fue acogida por Cáritas, agrega.

Otra inmigrante, la venezolana Milena Pellín, cuenta que le negaron plaza por falta de espacio en Samur Social y Cruz Roja. Un familiar en Alicante le dio hospedaje hace una semana: “Mi niña de siete años, tiene artritis reumatoide juvenil y tanto caminar y el frío seguido le afecta. Entonces, decidimos venirnos y que no la pasara mal”.

Cola en la calle durante días

Otra señal alarmante se vio en Aluche esta semana donde unos 200 inmigrantes -entre ellos la citada Bustamante- dormían en la calle el martes a la espera de conseguir su primera cita con la administración, la solicitud de asilo, a la mañana siguiente. El Defensor del Pueblo anunció que investigará la situación. Este periódico fue testigo de cómo una ambulancia de Samur Social hizo una parada junto a la cola para llevarse a una madre con dos niños. Otras familias pidieron un techo a los paramédicos pero no fueron auxiliadas.

Bustamante se pasó tres días seguidos en la cola de Aluche: “Por lo menos ayer dormí profundo”, decía este sábado en la iglesia de Vallecas con mucha mejor cara.

Fuentes del Ministerio de Trabajo y Migraciones culpan a los servicios que procesan el asilo en el Ministerio de Interior, la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) que, también saturada, tarda meses en dar una cita de solicitud y hasta dos años en resolver un expediente. Por su parte Interior le echa la pelota al anterior gobierno, de quienes dicen heredó una Oficina de Asilo y Refugio “en situación lamentable”.

Las Administraciones que se culpan unas a otras no tienen excusas, critica Fernández, de la Red Coordinadora de Barrios: “Están jugando con las personas refugiadas como si fueran una pelota”.

“Uno no viene preparado para este frío”

Nunca habían dormido en la calle. Tampoco conocían el frío. Gerardo González, de 42 años, y su familia, entre ellos dos menores, llegaron a Madrid el jueves de la semana pasada en un vuelo desde Colombia. Proceden de la cálida Buenaventura, una ciudad portuaria azotada por la violencia. Allí, González era un pequeño comerciante víctima de la extorsión de las bandas criminales que siguen operando a pesar del proceso de paz.

Han pasado tres noches en la calle de Madrid. Buena parte de su tiempo lo han empleado en buscar sin éxito un alojamiento en los albergues de Madrid. “Uno no viene preparado para este frío”, decía ayer en la parroquia de San Carlos Borromeo. Junto a él estaban su esposa, tres hijos, su nuera y un nieto. “Lo primero que hice fue ir a Cruz Roja porque todo el mundo te dice que es ahí donde te ayudan, también fui a CEAR, pero no había plaza en ningún lado”, explicaba.

Según les dijeron, sin el documento de identificación como solicitante de asilo, la conocida como “tarjeta roja”, no podían ser admitidos. Según abogados de inmigración y activistas, esta tarjeta está tardando meses en ser entregada por la Oficina de Asilo y Refugio. “En el pasado no habían exigido esa tarjeta como condición para ser acogidos”, dice Patricia Fernández, abogada de la Red Coordinadora de Barrios. “Están elevando el listón pero en realidad no tienen espacio”, añade.