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OPINIÓN i

Los martes sociales, milagro

Camino de los dos años de su aplicación, la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) no iguala siquiera la prestación que vino a sustituir, la Renta Mínima de Inserción (RMI)

Un mendigo en Barcelona.
Un mendigo en Barcelona.

Ahora que el Departamento de Trabajo de la Generalitat ha fichado a Deloitte para que se encargue de gestionar y poner orden a la concesión de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) tal vez sea posible conocer las causas del fiasco que ha supuesto la aplicación de esa prestación, el número de personas sin hogar que la han solicitado o si los equipos que se encargan de valorar los expedientes han recibido órdenes —orales o por escrito— de restringir el acceso a la RGC. La gestión privada tiene la oportunidad de hacer lo que hasta ahora no ha hecho el Departamento de Trabajo: poner luz y taquígrafos en ese mundo de tinieblas burocráticas en que se ha movido la Administración catalana desde que en 2017 fue aprobada por unanimidad en el Parlament la iniciativa legislativa popular que impulsaba la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Pero, la verdad, no tranquilizan en exceso algunos puntos oscuros en el historial de Deloitte, como el caso Bankia, con su asesoría en la catastrófica salida a Bolsa. Consejeros de la entidad y consultora evitan cargar con el muerto de esa operación lamentable que concluyó con la inyección de 22.424 millones de euros de dinero público mientras los directivos de la entidad mejoraban sus planes de pensiones y sus salarios.

El Departamento de Trabajo ha fichado a Deloitte para que gestione y ponga orden a la concesión de la RGC

Con estos precedentes a ningún particular le ofrecen un puesto de trabajo. Pero el mundo de las auditoras y de los negocios se rige por otro tipo de principios. De acuerdo con la convención social, a las consultoras se las considera entidades por encima de toda sospecha. Quizás por ello Deloitte fue tanteada por el Gobierno Puigdemont para gestionar datos y sentar las bases de la seguridad social de la efímera República catalana. O sea, que podemos dormir tranquilos. Las 375.000 personas que se hallan en situación de pobreza severa en Cataluña están en buenas manos para ser candidatas a la Renta Garantizada de Ciudadanía.

La decisión de la Generalitat de fichar a Deloitte para administrar la RGC se adopta paralelamente a una campaña publicitaria sobre esa prestación desplegada por el Departamento de Trabajo en la que se presenta como un triunfo lo que ha sido rotundo fracaso. En plena campaña de las elecciones generales, el pasado 15 de abril, la Administración catalana se descolgó con un despliegue publicitario que recordaba secuencias del Plácido de Berlanga, film al que la censura privó del título original Siente un pobre a su mesa. Viene a cuento la comparación porque parece imposible que lo que para la Generalitat es un 92% de aumento de personas beneficiarias sea en realidad de un 12,18%. Es como si de repente hubieran surtido un efecto milagroso inmediato los martes sociales del Gobierno del president Torra.

La pobreza severa no sabe de patrias y a sus promotores les da igual manifestarse ante el Gobierno central o el Govern

La realidad es bien distinta. El incremento de personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía y otros complementos de pensiones y prestaciones desde septiembre de 2017 hasta abril de 2019 ha sido de 13.080, de 107.420 a 120.500 afectados. Y esa última cifra es cuestionable pues suma desde aquellos que cobran de 50 euros mensuales complementarios a las 64.188 personas quienes perciben actualmente los 604 euros mensuales de la RGC íntegra. Para el Govern es más importante lo que parece que lo que es. Hace unos días el consejero de Trabajo, Chakir El Homrani (ERC), declaró que el Ejecutivo catalán poco pudo hacer para implementar la RGC por culpa de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. No importa que Josep Vidal, director general de Economía Social de la Generalitat, en reuniones mantenidas con la comisión promotora de la RGC y a preguntas de ésta lo negara explícitamente. Los impulsores de la iniciativa legislativa popular recabaron expresamente información al respecto porque la lentitud y la inoperancia en la implementación de la Renta Garantizada de Ciudadanía era exasperante y las situaciones de precariedad extrema reclamaban y siguen reclamando rapidez. La pobreza severa no sabe de patrias y a los promotores de la RGC les daba igual manifestarse ante el Gobierno central o ante el catalán.

Camino de los dos años de su aplicación, la Renta Garantizada de Ciudadanía no iguala siquiera la prestación que vino a sustituir, la Renta Mínima de Inserción (RMI). Antes percibían la RMI 67.966 personas y ahora los beneficiarios de la RGC completa son 64.188. A la taumaturgia de los martes sociales le queda mucho trabajo por delante.

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