La Generalitat no sabe, no contesta

El 155 se ha convertido en un número mágico. Es el que, a modo de anatema y fieles al Antiguo Testamento, utilizan PP, Ciudadanos y Vox para proclamar que las instituciones catalanas deben ser intervenidas a perpetuidad hasta que el pueblo de Israel entre en razón o esa masa de dos millones de votantes independentistas muera de aburrimiento. No parece una propuesta razonable.

Tampoco resulta demasiado sensato que en Cataluña existan 155 prestaciones sociales, tal como la propia Generalitat contabilizó en 2015: 65 ayudas son de carácter económico a personas y 90 son de servicios. Tanta prestación sume a la población socialmente vulnerable en un laberinto burocrático infinito. Enfrenta al ciudadano con un monstruo burocrático quizás con el objetivo inconfeso del desistimiento, como buscan respecto al independentismo los jasiditas de la derecha y el nacional-populismo. Solo hay que ver su lectura restrictivo-cabalística de la Constitución.

El caso es que ayudas que deberían tener como objetivo paliar situaciones de emergencia social parecen destinadas a sembrar el desánimo y la desafección hacia una administración que predica una cosa y practica la contraria. La burocracia actúa de eficaz barrera. Por un lado, ahí está el factor irracional de ese mar de prestaciones de las cuales la mitad son de derecho subjetivo (es decir, garantizadas) y el 50% restante está sujeto a disponibilidad presupuestaria, con lo que ello puede suponer de red clientelar.

La denegación de las prestaciones garantizadas se produce con dosis notables de opacidad sin aducir razones, lo que en la práctica supone esperar a que el demandante desista por agotamiento, como si de un personaje de Kafka se tratara. Una vez se aprueba una ley transparente y objetivable como la de la Renta Garantizada de Ciudadanía, la Administración pone en marcha su maquinara y se comporta como si el peticionario fuese el protagonista de El proceso, a quien se le recordaba que el procedimiento era secreto para el público y para él.

B. y J., iniciales de una pareja, tenían un pequeño negocio que con la crisis se fue a pique. El 15 de septiembre de 2017 solicitaron la Renta Garantizada de Ciudadanía. Cumplían los tres requisitos: ser mayores de 23 años (rondan los 60), haber residido los dos últimos años en Cataluña (llevan aquí desde los años setenta) y carecer de patrimonio (tienen una primera vivienda, con un acuerdo con el banco para evitar el desahucio). En marzo de 2018 les dijeron que les denegaban la petición. Lo recurrieron ese mismo mes. Todavía esperan respuesta. El problema de la pareja es que sus dos hijas, independizadas desde 2016, figuraban empadronadas en el domicilio familiar. De nada sirvieron las certificaciones del nuevo padrón de las hijas ni el registro de bienes realizado por el Ayuntamiento. La Generalitat ante el recurso no sabe, no contesta.

N. tiene dos hijos. Uno de ellos con una discapacidad reconocida del 42%. El 24 de octubre de 2017 pidió la Renta Garantizada de Ciudadanía. En mayo de 2018 le dijeron que le faltaba el extracto de una cuenta bancaria, después de que cuando en febrero de aquel año se había interesado por el estado de la tramitación no le advirtieran de ello. Presentó el documento en el periodo de recurso. En junio se lo denegaron. Son dos casos. En otros muchos la Generalitat envía la carta de desistimiento sin haber hecho el requerimiento de documentación, explican las entidades sociales.

Los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular que puso en marcha la RGC, y que fue aprobada por unanimidad por el Parlament, llevan desde agosto de 2018 solicitando a la Generalitat información sobre esa restricción. Ante las vagas respuestas del Departamento de Trabajo, han tenido que pedir auxilio la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública. Muchas de sus preguntas llevan más de medio año esperando respuesta. La burocracia marea la perdiz con argumentos de lo más variado: “Actualmente no disponemos de datos en relación con los motivos principales de denegación”, “los datos en relación a la vivienda están en fase de explotación”, “la información que ustedes solicitan se evalúa bimensualmente” o “no tenemos suficientes efectivos”.

Mientras se gallea con banderas y patrias, la vida sigue y la ciudadanía consume con mayor o menor fortuna su vida. 350.000 catalanes viven en pobreza severa, el 23,8% de la población bordea el agujero negro del precariado. De los 4.000 millones de euros recortados en partidas sociales hasta 2014, se han recuperado 1.800 millones. Mientras, el Govern no sabe, no contesta.