El talón de Aquiles del plan para Airbnb en Madrid

Durante un tiempo ha sido fácil localizar las viviendas de uso turístico en Madrid: algunas tenían una placa en la puerta o un mostrador en el vestíbulo del edificio, otros habían puesto una taquilla para que los inquilinos recogieran y devolvieran las llaves.

Ahora que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han aprobado normas regulando el fenómeno de las viviendas turísticas, los infractores no van a ponerlo tan fácil. Otras ciudades europeas que pusieron límites antes que Madrid a los alquileres en plataformas online como Airbnb llevan años enfrascadas en un costoso juego del ratón y el gato para perseguir esta ilegalidad. Su frustración común: la opacidad de unas plataformas que no comparten buena parte de los datos sobre sus usuarios.

Las plataformas no revelan el número de viviendas de alquiler turístico ofertadas y tampoco es posible conocer la ubicación exacta de cada vivienda (por ejemplo en la página web de Airbnb no aparece la dirección sino un punto en el mapa con un margen de error de 150 metros).

En Madrid, el Ayuntamiento estima que hay entre 10.000 y 12.000, pero otros han aportado otras cifras. El grupo opositor PSOE eleva el cálculo a 15.000 y la consultora AirDNA estima que hay 20.093 con base en técnicas de rastreo de datos online. Cuando ha dado datos, Airbnb ha sido ambiguo, refiriéndose al número de familias beneficiadas pero no a las viviendas en oferta. La empresa estadounidense informó el mes pasado que en Madrid “más de 10.700 familias comparten su hogar”.

La falta de transparencia ha dificultado las tareas de detección, por lo que las ciudades han tenido que contratar a un ejército de inspectores. La ciudad de Madrid acaba de doblar su plantilla de inspectores hasta los 40 y a ellos se suma el trabajo parcial de otros diez empleados, según el Ayuntamiento. La Comunidad ha contratado a ocho inspectores este año para ampliar su plantilla hasta un total de 15. En total Madrid tiene menos funcionarios que Barcelona. Solo la ciudad de Barcelona emplea a unas 100 personas total o parcialmente en esta labor, según fuentes del Consistorio catalán.

Estos obstáculos han motivado una alianza de 11 grandes ciudades europeas, entre ellas Madrid, que busca presionar a la Comisión Europea para que obligue a las plataformas a compartir sus datos. Las compañías se han amparado durante años en la interpretación que la Comisión Europea y los tribunales han hecho de la Directiva de Comercio Electrónico, que exime a los servicios digitales de monitorizar lo que sucede en sus webs.

Las plataformas dicen que son meros tablones de anuncios online, pero las ciudades rebaten que bajo ese “velo” están ejerciendo una actividad económica con ánimo de lucro y por tanto no cabe la exención, según el concejal de Turismo de Barcelona, Agustí Colom. Barcelona, donde hay un cupo de 9.675 licencias para viviendas de uso turístico, es una de las ciudades que más mano dura ha ejercido sobre este nuevo mercado. Por la falta de colaboración, Barcelona multó en 2016 con 600.000 euros a Airbnb y a HomeAway, otra plataforma popular. Las dos empresas recurrieron la sanción y el asunto sigue en los tribunales.

Tras años de disputa, la ciudad catalana y las compañías han llegado a acuerdos que el gobierno municipal considera satisfactorios pero no idóneos.

Según el acuerdo del pasado verano con Airbnb, los anunciantes deben rellenar en la web un campo con su número de licencia, junto a las fotos de la vivienda. Los técnicos barceloneses verifican los números y la compañía elimina una vez al mes a los infractores. Colom dice que la tarea de policía debería corresponder a la plataforma, impidiendo la inscripción con carácter previo a quien no tenga licencia. En todo caso cree que el modelo barcelonés es un caso de éxito.

Airbnb asegura que siempre ha tenido voluntad de trabajar con las autoridades. La empresa estadounidense dice que ha llegado a acuerdos con más de 500 gobiernos en todo el mundo.

“Actualmente están teniendo lugar conversaciones con más de 100 gobiernos a todos los niveles solo en Europa”, dicen fuentes de la compañía.

Los críticos señalan que las plataformas no tienen interés en revelar sus datos porque eliminar a los infractores reduce su cifra de negocio y porque supondría un daño a su imagen al revelar que hay más operadores profesionales de los esperados. “Desde su origen, las plataformas han vendido una imagen de ayuda a particulares para tener unos ingresos extra a fin de mes”, dice Yolanda Martínez, abogada que asesora al grupo de ciudades europeas.

La tarea de los inspectores es detectivesca. En Barcelona un equipo de “visualizadores” recorre las calles para cotejar las fotos anunciadas en la plataforma. También son útiles las denuncias de vecinos y la labor de la policía.

“Es una tarea que consume mucho tiempo y que no es 100% efectiva”, dicen fuentes municipales de Ámsterdam, la ciudad holandesa que ha liderado junto con Barcelona los esfuerzos europeos. Ámsterdam emplea entre 50 y 60 personas a la labor.

Los límites en las ciudades europeas

Las ciudades han introducido distintos tipos de límites. La opción por un máximo de días es un requisito en París, que permite 120 días, o Ámsterdam, 30. Pero las autoridades de estas ciudades tienen una ardua tarea para demostrar que un propietario ha excedido ese límite, según admiten las fuentes del Ayuntamiento de Ámsterdam.

En Madrid, Ayuntamiento y Comunidad han aprobado en solo dos semanas dos nuevas normas que requerirán un fuerte control. La ciudad ha prohibido alquilar pisos a turistas en el centro, y la región ha establecido para todos el cumplimiento de una serie de requisitos de idoneidad para garantizar la calidad y la seguridad.

El Ayuntamiento ya inició las inspecciones en agosto después de aprobar una moratoria de licencias a principios del año pasado. En los primeros seis meses ordenó el cese de 502 pisos turísticos.

El concejal madrileño Calvo defiende que el plan de Madrid funcionará aún sin acuerdo con Airbnb. “En su día nos ofrecieron un acuerdo pero no lo aceptamos porque son un sujeto interesado”, le dice a este periódico.

Madrid tiene una desventaja añadida. El Ayuntamiento no tiene potestad para imponer multas, a diferencia de Barcelona, que tiene cedida la competencia para sancionar e impone elevadas multas de hasta 60.000 euros.

El gobierno de la ciudad de Madrid solo puede ordenar el cierre del piso turístico, pero la sanción depende de la Comunidad y la colaboración se antoja difícil ya que ambas administraciones han mostrado sus discrepancias sobre el tema.

En Barcelona, el concejal de Turismo cree que las multas han sido clave. “Son multas grandes que han tenido un efecto disuasorio”, dice Colom.