El Parlament vota si amplía el dentista en la sanidad pública
La proposición de ley de los comunes sigue la línea del nuevo servicio aprobado por Colau en Barcelona
El Parlament votará hoy la tramitación de una ley para ampliar la cartera de servicios pública de odontología. La proposición de ley, impulsada por Catalunya en comú, establece una progresividad de la norma, priorizando el despliegue de un programa de atención dental infantil (PADI) y mayor cobertura a la población vulnerable. El coste de esta norma ascendería, según los cálculos de los comunes, a unos 45 millones de euros.
“En Cataluña tenemos colectivos de gente que no van al dentista porque no se lo pueden pagar. Hay muchas comunidades autónomas que han implantado programas de atención bucodental en niños y jóvenes, pero aquí vamos por detrás en eso y hay que ponerse al día. Es necesario, conveniente y viable desde el sistema público”, justifica la diputada de Catalunya en comú Marta Ribas. Según la Encuesta de Salud Oral en España de 2015, la prevalencia de caries entre los niños de 12 años oscila entre el 9% (los de clase alta) y el 18% (los más desfavorecidos). La situación socioeconómica condiciona el acceso a la atención odontológica: el 12% de los catalanes admite que no puede acceder a la asistencia dental por motivos económicos.
Si bien la cartera de servicios pública incorpora atención bucodental —excepto ortodoncias, implantes y tratamientos estéticos, entre otros—, los dentistas de la sanidad pública son escasos y, en la mayoría de los casos, “lo que la gente está recibiendo son solo extracciones” de dientes, señala Ribas. La propuesta de los comunes incorpora un PADI con visitas anuales, tratamientos de caries y tratamientos especiales para malformaciones, entre otras terapias. También se dará más cobertura a población vulnerable, con ingresos inferiores a la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Un paso más allá
La medida de Catalunya en comú sigue la línea del servicio de dentista municipal aprobado por el gobierno de Ada Colau en Barcelona. La diferencia es que el Consistorio solo ha podido reducir el coste de los tratamientos, pues no tiene competencias para ampliar la cartera de servicios. La norma de los comunes va un paso más allá y sí amplía, de facto, la cartera.
Con todo, la votación de hoy solo es el primer paso. Para aprobar la ley, ha de superarse un periplo parlamentario que puede durar meses. O más, si la legislatura tiene fecha de caducidad temprana.
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