Torra pagará más a quien construya pisos sociales en barrios ricos

El equipo del presidente de la Generalitat, Quim Torra, defendió ayer su decreto de vivienda, criticado por las entidades y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, porque tendrá en cuenta el precio del suelo de los barrios para promover pisos sociales. El consejero de Territorio, Damià Calvet, señaló que el objetivo del decreto es fomentar la promoción de vivienda asequible entre operadores públicos y privados. Por ello, la administración pagará la diferencia entre lo que al promotor le cueste construir pisos sociales en cualquier barrio (aunque sea de renta alta), y el alquiler o hipoteca que las familias adjudicatarias puedan asumir.

Hasta ahora había tres tipos, tres módulos, de vivienda social: de régimen especial (para familias con rentas muy bajas), de régimen general (para rentas bajas) o concertado (para rentas moderadas). Y Cataluña estaba dividida en cuatro zonas, con precios de construcción por cada una de ellas (porque no es lo mismo construir vivienda social en Barcelona que en Balaguer, porque el suelo en la capital tiene un coste muy superior).

La idea que recoge el polémico decreto es que haya un solo tipo de vivienda social. Y que lo que definirá el coste de construcción será el precio del suelo, los costes de construcción y un “factor de localización que permitirá corregir al alza el precio de venta básico”. Esto es, si en un barrio rico el suelo es muy caro y al promotor no le sale a cuenta construir pisos sociales, el precio de venta o alquiler podrá ser más alto. Pero, como las familias que tienen derecho a pisos sociales tienen rentas limitadas, la diferencia que no puedan pagar la asumirá la administración.

“El precio máximo de renta o venta de un piso no puede estar por debajo del precio que cuesta hacerlo. Y como queremos que los operadores públicos y privados puedan hacer vivienda social, hay que definir bien el precio del módulo, que lleva 12 años congelado”, defendió el consejero Calvet. Y añadió: “La Generalitat cubrirá lo que no puedan pagar respecto al módulo”, vía ayudas al alquiler de la Generalitat (el “aval lloguer”) o a través del Consorcio, en el que participan Govern y Ayuntamiento de Barcelona.

“Con este decreto hacemos posible el 30%”, defendió sobre la modificación urbanística aprobada por Barcelona que obliga a los privados a destinar un 30% de sus promociones a vivienda asequible. La interpretación de Colau, errónea según Calvet, es que al hablar de barrios, solo los ricos podrán optar a vivienda social en los barrios ricos.

Preguntado por si, con esta fórmula a la administración no le acabará costando muy caro hacer vivienda social, Calvet respondió: “Las políticas de vivienda, como las del transporte público, son deficitarias por definición”.

En la misma línea de fomentar la promoción como sea, el decreto fija que las futuras viviendas de protección tendrán calificación permanente, para que no se puedan vender y se pierda patrimonio público. Pero excluye a las viviendas sociales en suelo privado: “Las promociones de vivienda social en suelos privados no deben tener calificación permanente, se lo tenemos que poner fácil [a los privados], no difícil”, manifestó Calvet.