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Una juez niega excesos policiales el 1-O en Manresa y critica la resistencia “activa” de los votantes

La magistrada archiva la denuncia de 19 ciudadanos contra guardias civiles

La policía interviene en el centro Ramon Llull de Barcelona el 1-O.
La policía interviene en el centro Ramon Llull de Barcelona el 1-O.

El debate sobre la violencia durante el referéndum del 1 de octubre, muy presente en el juicio del procés contra los líderes independentistas, se ventila en realidad en decenas de procesos penales repartidos por toda Cataluña. Una juez de Manresa (Barcelona) ha archivado ahora la denuncia de 19 ciudadanos contra miembros de la Guardia Civil por un uso desproporcionado de la fuerza. La magistrada considera que no hubo "excesos" policiales y critica la resistencia "activa" ejercida por los 200 votantes concentrados frente a un colegio de Castellgalí.

La vista oral en el Tribunal Supremo ha constatado la existencia de dos realidades paralelas sobre lo ocurrido en Cataluña durante el 1-O. La Fiscalía -y, con ella, los máximos responsables del Ministerio del Interior y de la Policía y la Guardia Civil- sostienen que los ciudadanos trataron de impedir -en ocasiones, con el uso de la fuerza- la orden judicial sobre el referéndum. Y que, en ese contexto, los antidisturbios actuaron usando la mínima fuerza imprescindible. Las defensas, en cambio, aseguran que se trató en todo caso de una resistencia "pasiva" y denuncian la violencia policial gratuita de aquella jornada.

Un juzgado de Barcelona investiga buena parte de los hechos ocurridos en la capital catalana y mantiene investigados a más de una veintena de antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) por delitos de lesiones y contra la integridad moral. Las denuncias de ciudadanos, sin embargo, se reparten por todo el territorio catalán y cada uno de esos procesos penales tiene su propio recorrido. El que se impulsó en Manresa contra la Guardia Civil llega ahora a su fin con el auto de archivo dictado por la juez Teresa Rodríguez.

El auto sostiene que se han practicado "todas las diligencias" de investigación y concluye que no hay indicios de delito. "De las declaraciones prestadas, informes forenses y policiales y de los soportes de vídeo aportados a la causa", subraya la juez, "no puede inferirse que haya un exceso policial". Más aún si se tiene en cuenta la "conducta" de las personas que se concentraron frente al colegio de Castellgalí. Al llegar al centro, los agentes encontraron a 200 personas "sentadas en el suelo" y "con los brazos entrelazados" que tenían como objetivo "impedir el cumplimiento de resoluciones judiciales".

"No se trata de un mero comportamiento pasivo", señala la juez, sino de un "posicionamiento activamente obstativo". Ante esa resistencia, los agentes "se vieron obligados a actuar". Y lo hicieron, además, usando "la mínima fuerza imprescindible". La juez admite que la actuación se saldó con "16 heridos leves" y con daños en la escuela.

El monotema del 1-O

"Era público y notorio", remacha la juez, que el Tribunal Constitucional había suspendido la ley del referéndum y que la consulta era, por tanto, ilegal. "La publicidad fue una constante en radio, prensa, redes sociales y televisión durante casi 23 días, en los que el único tema que se trataba públicamente en España era este".

En la línea con lo expresado por la Fiscalía en su escrito de acusación a los 12 dirigentes independentistas del procés, el auto de la juez de Manresa señala que los ciudadanos acudieron a votar a sabiendas de que se trataba de una consulta ilegal. Y añade que lo hicieron "alentados por la Generalitat" y por "asociaciones independentistas".

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