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Una asociación de consumidores llama a los damnificados del Pastor a personarse contra el Santander

Acouga está convencida de que la causa penal en la Audiencia Nacional por la gestión del Banco Popular derivará en indemnizaciones

Ángel Ron, presidente del Popular, y José María Arias, del Pastor, en 2011 cuando se firmó la fusión.
Ángel Ron, presidente del Popular, y José María Arias, del Pastor, en 2011 cuando se firmó la fusión.

La compra por un euro del quebrado Banco Popular por parte del Santander en 2017 supuso que unas 15.000 personas en Galicia perdiesen todo el dinero invertido, la mayoría de ellos a través del Pastor, la histórica entidad gallega que se había fusionado con la primera en 2011. Son las cifras que maneja la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga), personada como acusación popular en la causa penal que en la Audiencia Nacional investiga la gestión de los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho que acabó en fiasco. Acouga está convencida de que este procedimiento judicial derivará en la posibilidad de que los damnificados del Pastor por aquella operación negocien indemnizaciones, por lo que hace un llamamiento para que se unan a la organización en defensa de sus intereses.

El secretario general de Acouga, el abogado Xoán Antón Pérez Lema, ha explicado este miércoles que los planes de su organización pasan por convertir su acción popular en el sumario de la Audiencia Nacional en acusación particular. Este cambio permitirá, ha defendido el jurista, negociar eventuales compensaciones. Para ello los accionistas que confíen a Acouga su defensa deberán hacerse socios de esta entidad y firmarle un poder. “Lo primero es una reparación económica y si luego alguien tiene que ir a la cárcel también lo pediremos”, ha aseverado Pérez Lema, quien se muestra convencido de que “si no se consigue por lo pena se conseguirá por lo civil” gracias a lo destapado por la investigación judicial.

Acouga representa ya en el proceso a 40 accionistas del Pastor que perdieron todo su dinero y dice haber contactado ya con otros 300 afectados dispuestos a unirse a la causa. Una de las familias, residente en el sur de Galicia, perdió con la liquidación del Popular 750.000 euros; otro afectado de Ourense, 400.000 euros; y varios de A Coruña, 100.000. “Hay jubilados con pensiones pequeñas que contaban con complementarla con los dividendos de su dinero invertido en el Pastor”, apunta el secretario general de Acouga.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga la ampliación de capital de 2.505 millones que el Popular llevó a cabo en 2016, cuando Ron era el presidente, y que según las acusaciones se llevó a cabo con información “defectuosa” sobre la solvencia de la entidad. En una pieza separada, Calama indaga también la posterior gestión de la entidad y la posible manipulación del mercado a través de informaciones y datos supuestamente falseados para hacer caer el valor de las acciones y obtener un beneficio.

En un auto del pasado 15 de enero el juez ha decidido que el Banco Santander quede formalmente imputado como persona jurídica en la causa, ya que considera que el banco que absorbió en junio de 2017 la entidad quebrada y desaparecida es heredero procesal en el caso. Los delitos analizados contra los dos expresidentes del Popular son los de administración desleal, contra el mercado, falsedades documentales y apropiación indebida.

La instrucción acaba de ser prorrogada 18 meses más y está pendiente de una pericial del Banco de España que “echará luz sobre la contabilidad” del banco que se fusionó con el Pastor hace casi ocho años y que acabó siendo su tumba.

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