Un precedente de la lucha contra la pederastia en la Iglesia
Un sacerdote fue condenado en 1933 a tres años de prisión por abusar de dos niñas acogidas en un orfanato de Orihuela tras la investigación de una comisión municipal
Un rumor recorre la Orihuela de 1932, en plena Segunda República. En el asilo de La Beneficencia, un orfanato tutelado por monjas, están sucediendo “irregularidades de orden moral”. Al parecer, alguna de las niñas recluidas en la institución han sufrido abusos sexuales y ninguno de los responsables del centro se libra de la sospecha. El Ayuntamiento, a instancias del Gobernador Civil de Alicante, José Echevarría Novoa, impulsa una investigación que determina que el culpable de violar a dos niñas menores, de 15 y 16 años, es el capellán del asilo, José Escurra, que será acusado ante la Fiscalía, juzgado y, finalmente, condenado a tres años de prisión.
El escritor oriolano José Antonio Muñoz Grau ha novelado este suceso en su obra Amores sotánicos (Editorial Separata) y asegura que es “el único caso documentado en España hasta ahora en el que una institución pública lleva a un sacerdote a juicio ordinario por un delito de abusos sexuales”. “Antes de la Segunda República habría sido impensable algo así, igual que después, durante el Franquismo”, señala Muñoz Grau.
El escándalo surgió de la posible violación de alguna de las niñas del orfanato, algo imposible de esconder en la Orihuela del primer tercio del siglo XX. “Como el administrador del asilo estaba en plantilla del Ayuntamiento”, explica el autor oriolano, “el alcalde, el socialista Alberto Escudero, crea una comisión de investigación para dejar claro que el empleado municipal no tenía nada que ver”. Esta responsabilidad recae sobre uno de los concejales de la oposición, Ramón Mazón, único miembro del Partido Radical en el consistorio, “de tendencias ultraderechistas y ultracatólico”.
Mazón da cuenta de sus pesquisas, que en todo momento apuntan al sacerdote, a quien, no obstante, el edil radical exculpa tras dar validez a su versión. Pero el caso ya ha llegado a la prensa. El diario Juventud, editado en el municipio alicantino de Crevillent, publica en noviembre de 1932 que las víctimas de estos abusos son Ana María, de 16 años, y Milagros, de 15. Según el periódico, al ordenar la comisión municipal un reconocimiento médico “de todas las asiladas jóvenes, con objeto de comprobar su virginidad”, ambas tratan de eludirlo para evitar el escándalo. Y declaran ante el administrador del centro que sufren abusos sexuales por parte de Escurra desde hace “dos años”.
Ana María declara ante un juez, según Juventud, que los abusos tuvieron lugar “en el domicilio particular del sacerdote”, al que la llevaba “aprovechando que los familiares estuvieran en la iglesia”. Milagros cuenta que Escurra se citaba con ella “en la Casa de los Pepes”, un edificio situado justo enfrente del Convento de San Juan en el que el clérigo impartía clases. “En una habitación de esta academia, y en una cama situada frente a un altar, fue donde el sacerdote abusó de ella”, detalla el diario.
A juicio de Muñoz Grau, la profusión de detalles dados por las víctimas y la presión de la prensa local y nacional son los que fuerzan al Ayuntamiento a apartar a Mazón de la investigación y a crear otra comisión, en diciembre de 1932. En esa ocasión, el Gobernador Civil acude a la reunión municipal, según consta en las actas encontradas por el escritor en el Archivo Municipal de Orihuela. “Esta segunda comisión se encomienda a otro grupo de la oposición, aunque también socialista, como el alcalde”, explica Muñoz Grau. Los nuevos investigadores determinan la culpabilidad del capellán del asilo y el pleno decide “ofrecer el expediente a la autoridad judicial”. “Es toda una lección de la historia”, insiste el escritor oriolano, “las niñas del orfanato estaban desamparadas, se podía haber tapado todo el asunto, pero el ayuntamiento decidió sacarlo adelante”.
El juicio se celebra en 1933. La sentencia impone tres años de cárcel a Escurra por abusos sexuales contra menores. Las niñas violadas son enviadas a otro reformatorio “que no esté dirigido por monjas”, según un acuerdo municipal. De ellas, poco más se sabe, según el escritor, salvo que una quedó embarazada a causa de las violaciones y dio a luz una niña. El sacerdote que cometió los abusos fue liberado al comenzar la Guerra Civil y llegó a ostentar el cargo de canónigo de la Catedral de Orihuela, tras la victoria de las tropas franquistas. El caso se ocultó y en Orihuela jamás se volvió a hablar de ello.
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