El jurado declara no culpables a los seis acusados de espiar a cargos del PP
El director de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón, y su entonces 'número dos', Miguel Castaño, han sido absueltos por cinco votos a cuatro
Y los acusados resoplaron aliviados. 17 días después de que se constituyera el jurado para juzgar el conocido como caso espías —sobre el presunto espionaje político en 2008 a ex altos cargos del PP de Madrid enfrentados con la entonces presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre—, los nueve miembros que han compuesto el tribunal popular han leído este jueves su resolución en la Audiencia Provincial. "No culpables", han sentenciado, sobre los seis procesados por un supuesto delito de malversación de caudales públicos.
El jurado ha absuelto por la mínima (cinco votos a cuatro) al exdirector de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón, y a su entonces número dos, Miguel Castaño. Los cuatro subordinados —el funcionario José Manuel Pinto y los guardias civiles José Luis Caro, José Oreja y Antonio Coronado— han sido, en cambio, declarados inocentes por unanimidad, según el veredicto leído en una vista pública tras dos días de deliberaciones.
EL PAÍS publicó este caso en enero de 2009, cuando informó de que un grupo de exagentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil a sueldo de la Consejería de Interior había hecho seguimientos diarios —reflejados en unos partes— a varios adversarios de Aguirre: como el consejero Alfredo Prada; y Manuel Cobo, vicealcalde y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, posterior ministro de Justicia con Mariano Rajoy. Este espionaje se habría producido en abril de 2008, en plena batalla por el poder en el PP después de que Mariano Rajoy perdiera las elecciones en marzo de 2008 frente a José Luis Rodríguez Zapatero.
Estos partes supusieron, entonces, el inicio de una causa que ha tardado una década en llegar a juicio y que sobrevivió a tres intentos de archivo impulsados por la juez instructora. Durante la vista oral, dos de los acusados, Oreja y Coronado, afirmaron que Gamón les había dado "órdenes ilegales" para seguir a otros políticos del PP por "especial interés de Ignacio González", entonces vicepresidente de la Comunidad. Unas instrucciones que negó el director de Seguridad. Pero que, según las acusaciones, confirmaban la tesis de que los seguimientos se habían producido, como subrayaron dos comisarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Los agentes basaron su conclusión en un informe sobre el posicionamiento de los teléfonos móviles de tres de los procesados, que los situaban junto a las víctimas los días de los espionajes. Además, Prada y Cobo han declarado varias veces que el contenido de esos partes coincidía con su agenda pública y privada. "Se ha hecho justicia, a pesar de que han tardado 10 años en hacerlo", ha celebrado este jueves Ramón González Bosch, letrado de Oreja, Coronado y Pinto.
Las defensas han mantenido la inocencia durante todo el proceso. Y González Bosch ha descrito, incluso, a sus clientes como las víctimas de un montaje político, policial y mediático. Según su versión, en esta causa nunca se quiso saber quién era la X. Qué cargo político dio las órdenes de espionaje que dos de sus clientes denunciaron. Porque ellos repiten, en boca de su letrado, que son solo los "soldados": "Y como en todas las guerras, no mueren los generales, sino los soldados". En esa misma dirección, los dos comisarios de la UDEF también incidieron en que los guardias civiles eran unos "mandados": "Era una actividad ordenada por alguien, pero allí no llegamos".
La decisión del jurado llega, además, apenas una semana después de que la Asamblea de Madrid declarase probados los seguimientos en el seno de la comisión de investigación contra la corrupción. El dictamen de dicho órgano, aprobado con los votos de la oposición, consideró responsables políticos a Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados y Sergio Gamón. "Es evidente que los seguimientos se produjeron, ya que existen pruebas gráficas y conversaciones grabadas que lo corroboran", afirmó la comisión en su resolución.
Sobre la firma
