La juez archiva por tercera vez el caso del espionaje político en Madrid

La juez Carmen Valcarce, que instruye desde hace seis años el caso del supuesto espionaje político a adversarios de la ex presidenta regional Esperanza Aguirre que fue pagado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid, decidió ayer archivar por tercera vez esta causa.

La Audiencia Provincial de Madrid rectificó en dos ocasiones anteriores a la juez al considerar que había suficientes indicios de un delito de malversación de caudales públicos en la causa como para continuar con la instrucción y obligó a reabrir el procedimiento.

La juez Carmen Valcarce, en un auto firmado el pasado octubre, resolvió abrir juicio oral por malversación contra cinco imputados: tres guardias civiles -que hicieron los seguimientos-, un policía nacional -jefe directo de los supuestos espías- y un empleado autonómico -supuesto autor de notas manuscritas en los partes del espionaje-. Valcarce recordaba en su auto del pasado octubre que tomaba la decisión de abrir juicio oral obligada por el criterio superior de la Audiencia Provincial.

En sólo cinco meses, la juez ha vuelto a cambiar de opinión. Para ello, se ha basado en el recurso de reforma presentado por la fiscalía y, compartiendo sus argumentos, la instructora decide el archivo provisional de las actuaciones contra los cinco imputados.

Para razonar su última decisión, la juez señala que le resulta imposible discriminar "con un mínimo de base" qué parte de los recursos utilizados por los supuestos espías (coches, teléfonos móviles, jornada laboral...) fueron dedicados a los seguimientos a políticos.

La Audiencia Provincial ya resolvió en su día que la complejidad para determinar la parte del gasto público dedicado a un fin ajeno, como el espionaje político, no podía significar en ningún caso impunidad.

Además, la juez recuerda un párrafo de un amplio informe policial en el que apuntaban la posibilidad de que hubiera errores en la localización de los teléfonos de los guardias civiles que hacían los seguimientos dado que la ciudad de Madrid está plagada de antenas repetidoras que hacen muy complicado precisar con exactitud el lugar desde el que se hacen las llamadas. El informe policial sobre el posicionamiento de los teléfonos móviles de los tres guardias civiles que hicieron los seguimientos trata cientos de llamadas y decenas de lugares, y en todo momento la situación de los espías coincide con domicilios particulares, o restaurantes donde acudieron los dos supuestos espiados: Alfredo Prada, ex consejero autonómico madrileño; y Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid.

Pese a que dos de los imputados reconocieron ante la juez Carmen Valcarce en 2014 que los seguimientos existieron, indicaron quienes los habían ordenado y explicaron cómo se hicieron, la instructora no concede validez a estos testimonios al no verse "refrendados por otras pruebas".

La juez ha dictado el auto de sobreseimiento provisional de la causa sólo una semana después de que el diario El Mundo hiciera pública la grabación de unas conversaciones entre los tres guardias civiles que hicieron supuestamente los seguimientos a los adversarios de Esperanza Aguirre y quien fue su jefe político, el ex consejero de Interior Francisco Granados. Esa grabación, según El Mundo, correspondía a una reunión celebrada en casa de Granados en octubre de 2012. En ella, los guardias civiles explicaban con claridad quién les ordenó los seguimientos: Sergio Gamón, ex director general de Seguridad y hombre de confianza de Aguirre; y quién estaba especialmente interesado en los mismos: Ignacio González, entonces vicepresidente del Gobierno autonómo. En la misma conversación, los agentes señalaban que los dirigentes del Gobierno regional estaban encantados con la declaración que habían hecho ante la juez, donde habían negado los seguimientos.

La juez Carmen Valcarce, que duda todavía del supuesto espionaje, no hace referencia en su auto de archiva a esas cintas donde los supuestos espías reconocen que hicieron un trabajo ajeno a la función pública con medios de la administración regional. Una conducta que la Audiencia Provincial enmarca dentro del delito de malversación de fondos públicos.