Del ‘procés’ también se sale indemne

El expresident Carles Puigdemont da por sentado que el Tribunal Supremo condenará a los políticos catalanes en un acto de “venganza” que dará “legitimidad” a sus postulados. Con él, parte del independentismo piensa que la sentencia está dictada de antemano y que la justicia española se cierne, sin remedio, sobre sus cabezas. Aunque el procés ha provocado una miríada de procesos judiciales, no todos conducen inexorablemente a la condena. Jueces y fiscales han dado ya carpetazo —antes de llegar a juicio— a diversos asuntos tras no apreciar indicios de delito. Del procés también se puede salir, a veces, indemne.

El archivo más sonado es el de Miquel Buch y Neus Lloveras. En enero, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les exculpó de desobediencia. Como presidentes de la Asociación Catalana de Municipios y de la Asociación de Municipios por la Independencia, enviaron cartas a los alcaldes para que apoyaran la consulta del 1-O. Con ello cumplían funciones “eminentemente políticas” y no “institucionales” y no hay delito.

Respaldo municipal

Su caso comenzó con una querella de la Fiscalía, que también impulsó la investigación (dos semanas antes del referéndum) a los 712 alcaldes que firmaron decretos de apoyo al 1-O. Pese a los deseos del fallecido José Manuel Maza, solo se abrieron diligencias contra unos 40. Algunos casos siguen vivos. Pero otros muchos se han archivado —sin que ni siquiera se haya interpuesto querella— al comprobar que el alcalde en cuestión no cedió locales públicos para votar. Los “manifiestos” de apoyo “no exceden los límites de una adhesión política o ideológica”, concluye la Fiscalía.

En la causa del procés, el propio Pablo Llarena hizo una criba (marzo de 2018) y dejó fuera a algunos investigados: el expresident Artur Mas —condenado a 13 meses de inhabilitación por la consulta del 9-N—; la coordinadora el PDeCAT, Marta Pascal; y una vez más Neus Lloveras. La causa del Supremo se nutre de las pruebas aportadas por la Guardia Civil al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, el primero que investigó el referéndum. Allí nada se mueve, por ahora: ni para llevar a juicio ni para archivar la causa, que se dirige contra unas 40 personas.

Ese juez, el del 13, sí archivó una causa vinculada: la abierta contra el magistrado de lo contencioso Federico Vidal, que calificó de “terrorismo policial” la actuación de la Policía el 1-O. También se archivó la causa contra el exconsejero Josep Huguet, que señaló a la secretaria judicial de instrucción 13, testigo clave en las protestas frente al Departamento de Economía del 20 de septiembre de 2017. Huguet retuiteó una foto suya que la presentaba como “partidaria de usar el ejército contra los catalanes”. Fue exculpado de coacciones.

El papel de las fuerzas de seguridad el 1-O ha dado lugar a procesos de signo opuesto. Hay jueces que investigan a mossos por “pasividad” al impedir las votaciones. Otros indagan si policías y guardias civiles actuaron de forma “desproporcionada”. Más de 20 agentes y mandos están investigados en Barcelona. Otros casos se han cerrado, por falta de pruebas o porque se ha comprobado que no hubo excesos. Un juez ha dado carpetazo a las querellas contra los Mossos —por presunto espionaje contra sindicalistas, periodistas y abogados— al concluir que los seguimientos no se hicieron por “motivos políticos”.

La Fiscalía ha cerrado investigaciones que abrió por la polémica sobre los símbolos independentistas en la calle. No ven delito, por ejemplo, en los mossos que identificaron a personas que retiraban lazos amarillos —en apoyo a los políticos presos— en municipios de Tarragona. El procés motivó la apertura de causas por delitos de odio, muchas archivadas: por ejemplo, la de ocho profesores de La Seu acusadas de hacer comentarios despectivos sobre la Guardia Civil en clase tras el 1-O.