El Tribunal Superior catalán defiende su imparcialidad ante el ataque “sin justificación” del fiscal
"El Ministerio Fiscal (...) no puede ceder a la demagogia, a la banalidad o a la ofensa para la defensa de los intereses públicos que representa", denuncia el TSJC
Las afirmaciones de la Fiscalía sobre la falta de "imparcialidad y serenidad" de los jueces catalanes ante el procés han causado un profundo malestar. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido un durísimo e inédito comunicado en el que critica abiertamente la actuación "irresponsable" del fiscal de la Audiencia Nacional. Sus declaraciones "suponen un ataque muy grave y sin justificación alguna al Poder Judicial en su conjunto y, con ello, al propio sistema constitucional", señala el acuerdo alcanzado el martes durante la Sala de Gobierno del TSJC.
Ante el malestar generado por las afirmaciones del fiscal Rubira, la sala de gobierno del TSJC se reunió el martes por la tarde, con la ausencia de su presidente, Jesús María Barrientos, y aprobó un acuerdo en el que denuncia que la argumentación de Rubira supone un "ataque muy grave y sin justificación" al poder judicial en su conjunto y con ello al propio sistema constitucional. "Cuestionar por un miembro del Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal, la imparcialidad de los jueces que ejercen en Cataluña, constituye una gravísima irresponsabilidad de quien tiene, precisamente, por mandato constitucional y estatuario, el deber de proteger el ejercicio independiente e imparcial de la jurisdicción", subraya el acuerdo de la sala de gobierno del TSJC.
Para el alto tribunal catalán, es "insólito y muy preocupante" que pueda utilizarse un juicio de intenciones "carente del mínimo sentido normativo y fáctico en apoyo de una pretensión procesal", como considera que ha ocurrido con las declaraciones de Rubira. "El Ministerio Fiscal, por el rol que ocupa en el proceso y por la alta función que la Constitución le encomienda, no puede ceder a la demagogia, a la banalidad o a la ofensa para la defensa de los intereses públicos que representa", agrega el alto tribunal catalán. En su acuerdo, la sala de gobierno del TSJC insiste, "frente a todos los que cuestionan de manera interesada e irresponsable la labor jurisdiccional" que desarrollan los jueces en Cataluña, que "ahora y siempre" han actuado en cumplimiento de sus deberes constitucionales, "entre los cuales la imparcialidad ocupa un lugar muy destacado". "Miles de actuaciones diarias en garantía de los derechos y libertades de todos lo acreditan sobradamente", resalta el TSJC.
Rubira defendió este martes la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar a la excúpula de los Mossos, entre ellos al mayor Josep Lluís Trapero, y cuestionó la imparcialidad de los tribunales catalanes para enjuiciar los delitos de sedición y rebelión derivados del procés. "¿Puede haber imparcialidad, serenidad, si se manda la rebelión y la sedición a Cataluña?", se preguntó Rubira en el transcurso de la vista del artículo de previo pronunciamiento celebrada para examinar las alegaciones contra la competencia de la Audiencia Nacional.
Tras la polémica, la fiscal general del Estado, María José Segarra, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, telefonearon al presidente del TSJC, Jesús Barrientos, expresándole el apoyo a todos los jueces que trabajan en Cataluña. La Fiscalía incluso emitió una nota de prensa en las que trataba de calmar las aguas. Pero ni ese gesto tranquilizó al TSJC, que insiste en que el fiscal cuestionó "textualmente y sin ambages" la imparcialidad de los jueces.
"Ha sido una intervención desafortunada, errónea y grave", afirma Montserrat Comas, portavoz de Jueces por la Democracia en Cataluña. Comas lamenta que, por primera vez, un fiscal "ponga en cuestión la profesionalidad en general de los jueces catalanes", lo que añade "un problema más" en un momento en el que "algunos sectores intentan deslegitimar la profesión". La portavoz recuerda que los jueces catalanes han investigado y enjuiciado causas relacionadas con el procés, como la de la consulta del 9-N o la investigación sobre los preparativos del referéndum de independencia del 1 de octubre, que recayó en el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.
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