El germen de la primera ley orgánica hecha por los ciudadanos

La participación ciudadana tiene cada vez más hueco en el debate social, donde numerosas voces exigen mejorar la democracia a través de una mayor implicación directa de los electores. Algunos ayuntamientos, como el de Madrid, han dado pasos en este sentido, a través de herramientas como los presupuestos participativos -que votan los vecinos de cada distrito- o consultas ciudadanas como las que motivaron las reformas de la Gran Vía y la plaza de España. Ahora, el debate se traslada al plano nacional: la plataforma Osoigo ha lanzado el primer proceso participativo para elaborar una Ley Orgánica que regule la participación ciudadana. Si lo consiguen, sería la primera elaborada de este modo en España.

"Hemos hecho un grupo de trabajo para poner en marcha un primer borrador abierto y desde hoy arrancamos el proceso participativo, que se extenderá hasta el 15 de marzo, para recoger las aportaciones y sugerencias de ciudadanos y entidades", explica Francisco Jurado, de Osoigo. Una vez finalizado este proceso, se añadirán las propuestas más interesantes y mejor valoradas y comenzará la fase de convencer al Gobierno y a los distintos grupos políticos para tramitarla en el Congreso de los Diputados.

Si la norma se termina aprobando, incorporará novedades -que por ahora existen solo en algunos ayuntamientos- como nuevos mecanismos de participación directa a nivel estatal, procesos de deliberación participativa para la elaboración de políticas públicas o presupuestos participativos a nivel estatal. Otra de las ideas sería la creación de un observatorio Ciudadano que sirva como ente fiscalizador de las políticas públicas. "Controlar al poder es una de las claves de la ley de participación", ha señalado Jurado. Además, permitiría poner en marcha procesos experimentales de cooperación en la toma de decisiones entre diputados y ciudadanos.

La iniciativa pretende, además, reorganizar y agrupar todo el marco jurídico relacionado con la participación ciudadana directa en una misma norma, incluyendo las leyes existentes (referéndum e iniciativa legislativa popular), que pasarían a simplificarse. Otra de las propuestas es establecer que sean los propios organismos públicos los que promuevan, dinamicen y faciliten la participación ciudadana. "En todos los estudios que se realizan sobre el tema se demuestra que la desafección política tiene mucho que ver con la falta de participación de los ciudadanos", ha señalado Jurado.

Tal y como reconocen sus impulsores, el borrador recoge algunas ideas de la organización de Suiza, también de la democracia digital de Estonia, uno de los países más avanzados en este sentido, además de iniciativas municipales o autonómicas que se han dado en España y que no tienen reflejo en una ley estatal. "No hay cobertura jurídica que permita innovar a las diferentes administraciones y con esta ley sería muy sencillo", ha explicado Jurado, quien destaca los avances realizados en esta legislatura por el Ayuntamiento de Madrid, a través de los presupuestos participativos y del observatorio ciudadano.

Las Leyes Orgánicas tienen una mayor protección ante el Tribunal Constitucional y su aprobación requiere, por tanto, de una mayoría más cualificada en las Cortes. Están reservadas para los Estatutos de Autonomía y el desarrollo de los Derechos Fundamentales consagrados en la Constitución. En este último apartado se encuentra el artículo 23.1, donde se recoge el derecho a participar en los asuntos públicos.

Según los impulsores de la medida, la participación política directa no está desarrollada más allá del referéndum y la iniciativa legislativa popular, para la cual se exigen un millón y medio de firmas. De ahí la pertinencia de la iniciativa presentada hoy. "Partimos de unos mimbres firme, pero es necesario que el debate sobre la participación ciudadana se extienda a toda la ciudadanía", ha añadido Jurado.

Junto al portavoz de la plataforma ha comparecido César Nicandro Cruz, miembro del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP), una agrupación internacional -con amplia experiencia en Latinoamérica- que analiza las innovaciones más importantes de participación ciudadana en el mundo. "La participación Ciudadana está recogida en la Constitución, pero no está bien articulada con una ley orgánica. Se demuestra con la reciente aprobación de la Ley de Transparencia, por ejemplo, que ha creado una nueva conciencia y ha situado este término en el debate público. Creemos que con esta norma puede ocurrir lo mismo", ha dicho Cruz.