La policía acusa a dos educadoras de frustrar redadas contra el ‘top manta’

Los Mossos d’Esquadra acusan a dos educadoras sociales del Ayuntamiento de Barcelona de frustrar, el pasado miércoles, dos operativos contra la venta ambulante irregular en la ciudad. Las dos mujeres alertaron a los vendedores primero en la zona de Colón y, posteriormente, en el intercambiador de plaza de Catalunya, según un informe de la policía catalana sobre lo sucedido. El Ayuntamiento niega cualquier filtración y fuentes municipales insisten en que las educadoras de calle “no pueden informar de una redada porque no tienen, previamente, la información de la actuación policial”.

El primer caso ocurrió a las tres de la tarde del pasado miércoles. Agentes de la Guardia Urbana, Mossos y policía portuaria se preparaban para intervenir contra la venta ambulante en la zona que rodea el monumento a Colón, cuando vieron cómo dos mujeres se acercaban a los vendedores ambulantes, hablaban con ellos y estos rápidamente recogían las mantas y se marchaban. Los agentes tuvieron que abortar el dispositivo.

Dos horas más tarde, los agentes se disponían a intervenir en otro de los puntos más conflictivos en los últimos meses en la ciudad: el intercambiador de plaza de Catalunya. Mientras se preparaban para hacerlo, los agentes vieron de nuevo a las mismas mujeres, en actitud vigilante, según fuentes policiales. Cuando se disponían a actuar, bajaron al intercambiador y hablaron con los vendedores, que se marcharon de nuevo.

Los agentes de la Guardia Urbana y de los Mossos localizaron finalmente a las dos mujeres y las identificaron. Se acreditaron como trabajadoras sociales del Ayuntamiento, explicaron que atienden a los vendedores ambulantes y admitieron que habían estado en la zona del monumento a Colón.

El sindicato CSIF de la Guardia Urbana denunció ayer que este verano se han “frustrado diez operaciones” policiales por hechos similares. “Es gravísimo que la alcaldesa ponga trabas al trabajo policial. Eso implica la clara connivencia del Ayuntamiento con los manteros y la venta ilegal. El Consistorio consiente y, presuntamente, tapa un hecho delictivo. Si es así, comete un delito de obstrucción a la justicia y un posible delito de participación activa y apoyo a estos hechos delictivos”, denuncia en un comunicado el sindicato. CSIF acusa a Colau de “fingir que lucha contra las ilegalidades pero colabora con el 2”. El sindicato pide que la fiscalía actúe de oficio y abra diligencias.

El Consistorio no ha abierto, por ahora, ninguna investigación para aclarar lo sucedido. La Unidad de Deontología y Asuntos Internos de la Guardia Urbana tampoco ha abierto ningún tipo de expediente, ya que considera que la intervención de los miembros del cuerpo ha sido correcta en todo momento.

Fuentes municipales lamentaban ayer el comunicado de CSIF. “Son acusaciones sin ningún fundamento hacia dos trabajadoras del Ayuntamiento. Los servicios jurídicos del Consistorios están estudiando acciones legales ante estas acusaciones”, aseguran las mismas fuentes municipales.

Desde el Consistorio mantienen que la presencia de las educadoras de calle en los espacios donde se producen los operativos —como el intercambiador de metro y tren de plaza de Catalunya o la zona del puerto— es habitual. El Ayuntamiento insiste en que nadie, a excepción de la Guardia Urbana, conoce con anterioridad los operativos que se llevan a cabo contra los vendedores ambulantes, que aseguran que se hacen de manera sistemática en las últimas semanas en esas zonas.

Los educadores de calle del Consistorio trabajan desde el verano de 2018 en Barcelona, explica el consistorio. Su función es intervenir específicamente con los vendedores ambulantes para derivarlos a los servicios de atención social e intersociolaboral. También hablan con comerciantes y otros afectados por la venta irregular. Desde que se puso en funcionamiento el servicio, el Consistorio asegura haber realizado más de medio millar de derivaciones de manteros a otros servicios sociales, laborales, jurídicos…

El Ayuntamiento mantiene que cuando los agentes, el pasado miércoles, interceptaron a las trabajadoras, estas se identificaron sin ningún tipo de problema, por lo que el Consistorio da por zanjado el asunto.

La concejal del PSC de Barcelona Montserrat Ballarín exigió ayer a la alcaldesa, Ada Colau, investigar presuntas interferencias en operativos policiales contra el top manta. Los socialistas presentaron ayer un ruego de urgencia para que se esclarezcan los hechos inmediatamente: “Colau ha dado carta de naturaleza durante estos años a una actividad ilegal que, además de perjudicar el comercio y a los ciudadanos que hacen bien las cosas y cumplen con la legalidad, cronifica la explotación laboral de las personas que la practican”.