Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La patronal de VTC reclamará 1.100 millones a la Generalitat si restringen su actividad en Cataluña

Las empresas de coches con conductor lamentan que la Generalitat ceda al "chantaje violento" de los taxistas

El presidente de Unauto-VTC, increpado por un grupo de taxistas.
El presidente de Unauto-VTC, increpado por un grupo de taxistas. EFE

La patronal de las empresas que operan con licencias de coche con conductor, Unauto-VTC, ha salido este jueves al paso ante las negociaciones que mantienen el sector del taxi y la Generalitat para regular la gestión de las licencias VTC. El nuevo reglamento prevé la obligación de que para obtener servicios de empresas como Uber o Cabify sea necesario una precontratación con horas de antelación. El presidente de Unauto, Eduardo Martín, ha considerado que esta medida "prácticamente significa la desaparición del sector", basado en la inmediatez de las aplicaciones de móvil, y ha avisado a la Generalitat de que si cambia la norma deberá asumir las indemnizaciones, que en Cataluña, según los cálculos de la patronal, ascienden a 1.100 millones de euros.

La intervención de los responsables de las empresas que gestionan licencias VTC ha estado marcada por el escrache que un grupo de unos veinte taxistas han hecho a las puertas del Colegio de Periodistas de Barcelona, lugar escogido por Unauto para la rueda de prensa. A la salida, los taxistas han increpado a Martín y al presidente de Unauto en Cataluña, Josep Maria Goñi, que han tenido que entrar en un hotel cercano. "Estos tíos son un peligro público", ha dicho Goñi en la rueda de prensa, y ha lamentado que la administración ceda ante "el chantaje violento" de un sector de los taxistas. "Es extremadamente peligroso dar la imagen de que puedes conseguir lo que quieras si pones las ciudad patas arriba", ha añadido.

El conflicto entre los taxistas y las empresas que gestionan licencias VTC viene de lejos, pero tuvo su punto álgido en los meses de julio y agosto de 2018. Entonces, los taxistas de Madrid y Barcelona colapsaron las principales vías de estas ciudades y consiguieron que el Ministerio de Fomento aprobase un Real Decreto Ley que traspasa a las comunidades autónomas las competencias sobre la gestión de las licencias VTC. Desde entonces, taxistas, Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ente que será habilitado para gestionar las licencias, han mantenido varias reuniones para consensuar un reglamento de explotación de las VTC. La propuesta de los taxistas, que la Generalitat estudia implantar, es obligar a precontratar con varias horas de antelación los servicios de estos transportes. También piden que después de cada carrera el coche esté obligado a volver a la base. El sector ha avisado de que si no se cumplen sus demandas se convocará una huelga durante el Mobile World Congress.

Martín ha recordado que el decreto aprobado por el Gobierno establece una moratoria de cuatro años en los que no se puede variar la forma en la que trabajan las empresas, y ha avisado a la Generalitat de que ya hay más de 1.400 reclamaciones contra este decreto, y de que si la Generalitat cambia la normativa, será esta la que tendrá que asumir las indemnizaciones, que superan los 1.100 millones de euros. "La responsabilidad compensatoria recae en el gobierno que regula", ha dicho el presidente de Unauto.

La patronal ha lamentado que la negociación "amenace" a los más de 3.000 trabajadores y autónomos que el sector tiene en Cataluña. "Queremos que esta decisión que parece haber tomado la Generalitat se reconsidere. Regular ahora sin saber cómo va a quedar la ley marco no tiene ningún sentido. Es un chantaje violento que lo único que pretende es exterminar a la competencia", ha dicho Goñi.

Las empresas consideran que es necesario un marco regulatorio renovado y adaptado al territorio, y defienden que haya competencia en el ámbito del transporte. "Si algunos taxis se han renovado lo han hecho por la competencia de las VTC", ha asegurado Martín. La patronal considera que la única normativa territorial aceptable sería aquella que se centre en las competencias que otorga el Real Decreto, y que solo regulase en materia de transporte o de polución. "No aceptaremos ninguna medida que implique precontratación con antelación", ha afirmado Martín.

Paralelamente, empresas como Cabify y Uber están estudiando llevar el decreto al Tribunal Constitucional. "Tendremos que poner encima de la mesa todos los recursos jurídicos posibles. También hemos encontrado una rendija para llevar al Constitucional el reglamento que prepara la Generalitat", ha asegurado Goñi. 

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >