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El Ayuntamiento regulará las actividades VTC de Uber y Cabify

Comienza una fase de consulta pública en la que Madrid incide en la implantación de licencias municipales y en reducir la ocupación y el uso intensivo del espacio público

Manifestación de conductores de Uber y Cabify, en Madrid.
Manifestación de conductores de Uber y Cabify, en Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid va a regular mediante ordenanza municipal la actividad de los vehículos sin conductor, los llamados VTC, que explotan compañías como Uber y Cabify. El próximo lunes comienza la fase de consulta previa a la redacción de la normativa. Mediante preguntas abiertas, el Consistorio preguntará a la ciudadanía y a los sectores interesados su opinión sobre si deberán imponerse licencias municipales para operar y cómo minimizar la ocupación y el uso intensivo del espacio público.

Inés Sabanés ha anunciado, tras la Junta de Gobierno municipal, que en virtud del Real Decreto-Ley 13/2018, por el que se reconocen competencias a las ciudades en este ámbito, el Ayuntamiento ha decidido ejercerlas en tanto en cuanto la actividad de los VTC afectan "al tráfico, a la movilidad y al medioambiente". La normativa aprobada por el Congreso en octubre otorga cuatro años de plazo a las empresas de VTC para poder seguir operando en el interior de las ciudades. Pasado ese periodo, las licencias actuales, que son nacionales, pueden perder su derecho a realizar trayectos urbanos si así lo deciden los municipios o deberán solicitar una segunda licencia a las comunidades autónomas o los Ayuntamientos. 

Como ha explicado Francisco López Carmona, director general de Movilidad, el Ayuntamiento no definirá su posición hasta haber recibido y analizado las respuestas de la fase de consulta, que durará un mes a contar desde el lunes 10 de diciembre.

La nota distribuida por el Área que dirige Sabanés señala sin embargo que el objetivo de la ordenanza es "reducir de forma sustancial los efectos negativos del rápido crecimiento de esta modalidad de transporte", tanto en el aumento del tráfico y de la contaminación como en el "uso armonioso del espacio público". Quiere impedir, asegura, que "una deficiente regulación" derive en perjuicios para la ciudadanía y los usuarios de estos servicios.

Licencias municipales

El Ayuntamiento preguntará durante 30 días qué aspectos considera la ciudadanía que deben regularse de forma prioritaria y cómo se debería limitar el impacto de estos vehículos en la fluidez del tráfico. Traslada directamente a la ciudadanía la cuestión de si debe ser el Ayuntamiento quien gestione las licencias de actividad y si deben controlarse también los horarios y calendarios de servicio de los conductores. Esta es una de las principales demandas del sector del taxi, que ha recogido también los Ayuntamientos de Barcelona y Zaragoza.

También quiere escuchar ideas sobre como "minimizar la ocupación y el uso intensivo del espacio público", con medidas relacionadas con el estacionamiento y las vías públicas, además de los requisitos medioambientales que deberían exigirse a estos coches.

La corporación municipal se pregunta también si debe regular ya estas materias o esperar a tener más competencias y si debe solicitar más competencias a la Comunidad de Madrid, que previsiblemente modificará la legislación autonómica.

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