La semana negra de Torra

Esta semana que se inicia, el Gobierno catalán deberá hacer frente a sus peores fantasmas. Una huelga de cinco días de los médicos de atención primaria, un paro de dos horas en la administración pública, la revuelta de los Mossos y la petición de abaratamiento en un 30% de las tasas universitarias —las más caras de España— pondrán al Ejecutivo de Quim Torra ante una semana negra. Hay que gobernar y tomar decisiones. Las movilizaciones en favor de la independencia serán sustituidas por acciones reivindicativas en las que, a buen seguro, participarán colectivos que toman parte en las primeras. Hay que volver al principio de realidad.

La prisión preventiva de un año de los líderes independentistas es a todas luces injusta; la petición fiscal por rebelión y sedición, absolutamente desproporcionada; es evidente que hubo violencia policial desmesurada en las cargas contra los ciudadanos el 1-O; los reveses de Europa a la justicia española son más que notables… Pero la vida cotidiana de millones de catalanes sigue su curso. A menos que el independentismo se decida por la vía insurreccional, hay que hacer frente a los problemas. Mientras la niebla sigue instalada en Waterloo —como le sucedió a un Napoleón en retaguardia—, Cataluña precisa de políticas concretas que reviertan los recortes. Se trata de volver a casillas anteriores al austericidio practicado por los gobiernos convergentes de Artur Mas, antes de ver la luz independentista que les transformó en presuntos apóstoles de la distribución franciscana de la riqueza.

Contraponer los principios a la realidad es una postura ética que no redunda en beneficio de los sectores sociales más castigados por la crisis

Tras el referéndum, los encarcelamientos y el desalojo de Mariano Rajoy de La Moncloa por el caso Gürtel, no hay síntomas de que el ejecutivo de Torra se decida a coger el toro por los cuernos. No fue una buena señal la negativa de los independentistas a votar los Presupuestos Generales del Estado con el argumento que de que no se puede negociar con presos en las cárceles. Contraponer los principios a la realidad es una postura ética que no redunda en beneficio de los sectores sociales más castigados por la crisis. El argumento de que el Ejecutivo central puede hacer lo mismo con decretos leyes —esgrimido por el Gobierno de Torra y que no se aplica para sí— cae por su propio peso: al menos 1.100 millones de euros (de IRPF, IVA y compensación por el IVA) dejarían de ser ingresados por la Generalitat de forma automática al no aprobarse las cuentas, tal como informó hace unos días en este diario Dani Cordero. Quedan en el aire 1.500 millones de euros, mientras el Departamento de Economía pugna por una tercera parte, pues si se relaja el objetivo de déficit Cataluña ingresaría 490 millones de euros para sus propias cuentas.

La construcción mental del Govern evita deliberadamente la realidad. Lo paradójico es que no siempre es así: por ejemplo, Esquerra y Junts per Catalunya votaron hace unos días con Ciudadanos y PP para vetar una moción impulsada por la izquierda para incrementar la presión fiscal a las herencias más altas. Igualmente prosaica resulta la escrupulosidad con que la Generalitat está analizando si da o no luz verde a que los promotores inmobiliarios destinen a uso social un 30% de la vivienda de nueva construcción. Mientras Torra va dando largas, muchos constructores se han apresurado a solicitar licencias para zafarse de la medida propuesta por las organizaciones sociales con el respaldo del Ayuntamiento de Barcelona.

PdeCat, Esquerra, PSC, CUP y los comunes apoyaron la medida en el pleno municipal. Ahora, a la espera de ventanas de oportunidad y atentos a las señales de humo del civilizado norte, la Generalitat da largas a los promotores para que reorganicen su plan de negocio. ¿Será que la conversión de los viejos convergentes a la redistribución franciscana no fue de corazón? ¿Puede que la ética haya quedado arrumbada por la presión de los constructores? ¿Es posible que la brumosa memoria de aquellos tiempos del 3% haya arrinconado el mandato democrático del Ayuntamiento de Barcelona?

Hay muchos interrogantes y poca actividad política para paliar problemas. La prisión de los líderes independentistas preocupa a la mayor parte de la opinión pública. También ocupa un lugar en el corazón de la sociedad catalana la precariedad de un mercado laboral que se puede modificar desde la voluntad política. 120.000 ciudadanos de esta nación histórica firmaron más de cuatro contratos de trabajo consecutivos en los doce meses de 2017. Ha llegado de hora de gobernar y dejar los juegos florales para el mes de María.