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Hacienda reduce a 196.000 euros los pagos del Govern por el 1-O

El Ministerio ha remitido un informe al juez de Barcelona donde añade otros 615.000 euros que no llegaron a abonarse

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La Guardia Civil, en el registro del Diplocat.

El Ministerio de Hacienda reduce a 196.906 euros la cifra desembolsada por el Gobierno de la Generalitat para celebrar el referéndum del 1 de octubre de 2017. En un informe, remitido al juzgado de instrucción 13 de Barcelona, considera que hay otros 615.717 euros que fueron comprometidos pero no abonados por la Generalitat. El Ministerio calcula así que en total, entre facturas abonadas y no abonadas, se emplearon 812.624 euros públicos en la consulta. La cifra queda muy por debajo de los casi tres millones calculados por la Fiscalía.

Hacienda insiste en que la cifra se desprende de los propios documentos facilitados por la Generalitat, por lo que advierte que “el gasto real” queda fuera del alcance del informe “que se limita a examinar la información de la que dispone”. Y añade que tampoco “tiene por objeto llevar a cabo una investigación respecto de la realidad de los datos consignados en los expedientes”.

El informe que Hacienda que ha sido presentado ahora al juez establece como únicas facturas pagadas por el Govern las del coste de los honorarios y desplazamiento de los observadores internacionales del 1 de octubre (177.304 euros) y de la traducción al inglés de la web www.cataloniavotes.eu, un portal que incorporaba noticias sobre el proceso soberanista y publicó el resultado del referéndum unilateral.

Ambos gastos, añade el Ministerio de Hacienda, fueron a cargo del Diplocat, aunque en el caso de la traducción de la web solo se abonaron 19.602 euros correspondientes a las facturas de enero a junio de 2017, mientras que las de julio a octubre quedan pendientes, “si bien consta que el servicio fue prestado”. El balance de Hacienda incluye además otros 336.143 euros previstos por la Generalitat para pagar la campaña Civisme, correspondiente a la publicidad institucional del 1-O, pero que finalmente no fueron abonados.

El informe se remite a la documentación remitida por la Intervención General de la Generalitat, que señala que “no existe ningún expediente en el Departamento de Presidencia relativo a la emisión de la campaña de civismo del que se deriven obligaciones de pago”, puesto que el que se inició en su momento “quedó desierto”.

Según Hacienda, la Generalitat también previó un gasto de 266.506 euros para impulsar el Registro de Catalanes residentes en el exterior, una campaña que, según el informe, “puede relacionarse con la convocatoria del proceso refrendario”. El informe señala que existen tres contratos relacionados con esa campaña: uno de creatividad, con un coste de 8.950 euros, otro de difusión en internet por 97.332 euros y un tercero de difusión en prensa escrita por 158.344 euros.

El Ministerio de Hacienda precisa que esos gastos no se llegaron a pagar como consecuencia de las “consideraciones” que hizo la asesoría jurídica del Departamento de Presidencia, en una nota en la que aconsejaba suspender los pagos porque estaba en trámite “un procedimiento judicial con el que los servicios de los que derivan las facturas pudieran tener relación directa o indirecta”.

La Fiscalía, en cambio, incluyó en la suma del dinero destinados al referéndum 900.906 euros de gasto de los 2.259 locales de votación, los 654.563 en publicidad institucional, 979.661 para el suministro de papeletas —unas facturas que la empresa Unipost dijo que habían sido anuladas—, 501.740 para buscar apoyo exterior a la independencia y 38.431 para la cartelería del referéndum.

Por su parte, en su escrito de acusación contra los líderes independentistas, la acusación particular ejercida por la Abogacía del Estado cifra en 1,9 millones el dinero malversado en el 1-O, al excluir el coste del uso de los locales públicos que acogieron las urnas.

Las defensas contemplan que el nuevo informe de Hacienda puede servir de base para pedir una rebaja en las peticiones de pena para los miembros del Govern acusados. Esquerra Republicana ha pedido en numerosas ocasiones al Gobierno de Pedro Sánchez que haga “gestos o movimientos” a favor de los políticos independentistas procesados

Malversar por debajo de los 250.000 euros

El nuevo informe de Hacienda remitido al juzgado 13 de Barcelona, y que puede servir de prueba en el juicio que se celebrará en el Supremo contra los líderes independentistas procesados, cifra el dinero malversado en la celebración del referéndum por debajo de los 250.000 euros. Según el código penal, eso supone que se puede aplicar una pena inferior a la máxima, que son ocho años. Fuentes judiciales insisten que el informe habla en total de 812.624 euros, y que el dinero que se utilizó, aunque finalmente no se abonase, puede ser tenido en cuenta también en la comisión del delito. “Es un debate jurídico”, insisten. En todo caso, tanto la Fiscalía como la Abogacía del estado han formulado ya sus acusacioens y cualquier cambio no sería efectivo hasta el final del juicio.

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