El Ayuntamiento de Sabadell interviene la contrata de limpieza, después del ERE presentado por la empresa

El duro conflicto que mantienen el Ayuntamiento de Sabadell con la empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, Smatsa, se recrudece después que el alcalde Maties Serracant (CUP) haya firmado un decreto que inicia la intervención de la concesión. La medida llega días después que la empresa presentara un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que prevé despedir 43 trabajadores (14% de la plantilla) de aquí a un mes.

Ayuntamiento y empresa mantienen un litigio personal y judicial porque el actual equipo de gobierno hace tiempo que busca la forma de rescindir el contrato, sobre el que pesan sospechas de irregularidades y que actualmente investiga una jueza de Sabadell en el marco del caso Mercurio. La magistrada concluyó que la adjudicación a Smatsa fue “fruto de una manipulación planificada" y que la empresa pagó, a cargos del antiguo Gobierno de Manuel Bustos, favores en forma de viajes, comidas, un acto electoral (y no descarta sobornos en metálico) a cambio de obtener el contrato.

La tensión ha subido de tono recientemente porque el Ayuntamiento ha activado una inspección técnica de facturación (ITF) para obligar a la empresa a que facture según lo que fija la adjudicación, hecha en 2012 bajo el mandato de Manuel Bustos. El Consistorio acusa a la empresa de facturar por encima de los servicios prestados, alrededor de 1,2 millones anuales. La empresa alega que ofrece más servicios y que las necesidades han cambiado con los años. Smatsa cifra que la ITF supone reducir 4.000 servicios anuales y ello comporta necesariamente una reducción de plantilla.

“La intervención es una respuesta a los despidos y el objetivo es pararlos. EL ERE provoca una situación grave de perturbación del servicio. Si finalmente la empresa ejecuta los despidos, restituiremos a los trabajadores inmediatamente”, asegura Lluís Perarnau, concejal de Servicios municipales. La medida también implica que el Ayuntamiento enviará un interventor a la empresa para que revise las cuentas de la empresa y “haga un estudio del problema de fondo, que es la viabilidad del contrato”, admite Perarnau. De hecho, el responsable de Smatsa asegura que la empresa tiene un beneficio de 400.000 euros anuales, así que les resulta “imposible” asumir un recorte de un millón de euros.

El inicio de los trámites de la intervención se formalizó en un decreto de alcaldía firmado ayer, justo el día en que se reunieron Ayuntamiento, empresa y sindicatos. En dicho encuentro Smatsa, que recurrirá la intervención, planteó paralizar tanto la ITF como el ERE para abrir un proceso de negociación. Pero el Consistorio asegura que no puede, así no se vislumbra una solución tranquila al conflicto. Los trabajadores anuncian huelga para diciembre.

El decreto de alcaldía, que debe ser ratificado en el pleno, contempla una durada máxima de dos años de la intervención, aunque Perarnau calcula que solo estará activa “dos o tres meses”, que es el tiempo que calcula para revisar las cuentas y restituir los trabajadores despedidos. “Si la inspección se confirma que el contrato no es viable, se iniciará la rescisión del contrato, no vemos otra solución”, zanja el concejal.