Trabajadores de centros públicos de menores protestan por sus condiciones laborales

Trabajadores y educadores sociales de los centros públicos de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia se han concentrado este jueves en la sede del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia para reclamar mejoras laborales en un oficio que, aseguran en un comunicado, "supone un desgaste emocional, físico y cognitivo difícilmente comparable a otras profesiones". El encierro, convocado por los delegados de UGT y CC OO en los 11 centros públicos que gestiona la DGAIA (el 80% de los centros de menores está gestionado por entidades privadas) ha llegado a reunir a 40 personas y tiene lugar en plena tormenta por la gestión de la llegada masiva de menores migrantes no acompañados, que ha desbordado el sistema de protección a la infancia.

Los educadores y trabajadores sociales afirman que el fenómeno de los llamados "mena" (menores extranjeros no acompañados) ha colapsado un sistema de protección que, a causa de los recortes del Gobierno de Artur Mas, ya estaba tensionado. A la falta de personal y de recursos se suma la caótica gestión para acoger a los menores migrantes, con la creación de plazas en centros no especializados en este perfil o la sobreocupación de los centros. Los trabajadores también denuncian que esta saturación de las plazas lleva a acoger a menores migrantes en centros que no fueron diseñados como de primera acogida, lo que compromete el proceso educativo, afirman. "El tema de los mena tensiona, y además no podemos darles la atención que requieren", explica Frederic Estrada, de UGT.

Los sindicatos reclaman al departamento que dirige el consejero Chakir El Homrani que aplique las medidas aprobadas en 2016 en el comité de salud laboral para los centros que dependen directamente de la DGAIA. Después del encierro, representantes sindicales se han reunido con responsables del departamento para abordar las reivindicaciones.

Las medidas reclamadas consisten en que, a partir de 2019, se reduzca el horario de atención directa para el personal mayor de 58 años. Con una plantilla envejecida (el personal fijo de los centros públicos tiene, de media, más de 55 años), el sindicato alerta de que las tareas educativas en estos centros no pueden recaer por entero en los trabajadores que llevan más años sufriendo un "desgaste".

Los sindicatos también avisan de que se están incumpliendo medidas para garantizar la seguridad en los centros. En 2017, solo en los 11 centros gestionados directamente por la DGAIA hubo 235 agresiones, una cifra que podría repetirse este año, según UGT. La central recuerda que los demás centros, gestionados por entidades privadas, no tienen un registro como el público.