Se disparan las agresiones en los centros de menores

Los trabajadores de los 15 centros de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat (DGAIA) sufrieron en 2017 un total de 235 agresiones por parte de los menores ingresados, según datos de la UGT.

El sindicato denunció ayer ante Inspección de Trabajo “la situación de inseguridad” de los trabajadores de la dirección y “la falta de voluntad por parte de la Administración” para ponerle remedio. Desde UGT también ponen énfasis en el número creciente de denuncias en los últimos años con un aumento del 422% en los cuatro años anteriores.

El incremento del número de denuncias se hace evidente atendiendo a las cifras proporcionadas por el sindicato: en 2013 se denunciaron 45 agresiones; en 2014 el número de agresiones denunciadas fueron 86; 135 en 2015; en 2016 se denunciaron 207 agresiones y el año pasado el número de agresiones denunciadas fue de 235. Se trata de cifras todavía provisionales puesto que los delegados de prevención siguen recibiendo información sobre incidentes ocurridos el año pasado.

Para UGT, el aumento de las cifras pone de manifiesto que el protocolo antiviolencia de la DGAIA no funciona. El nuevo protocolo está en vigor desde el mes de julio del año pasado, y el sindicato denuncia que la administración se escuda en él o en las mesas técnicas que se están desarrollando, algo que resulta insuficiente.

El protocolo actual establece que, ante casos de agresiones reiteradas, la DGAIA se coordinará con Fiscalía de Menores, pero el sindicato asegura que “en la mayoría de centros hay algunos menores de edad ingresados con conductas de violencia reiteradas y que no reciben ninguna respuesta más allá de las actuaciones internas del centro”.

Por ejemplo, en los tres centros de infancia que dependen del Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona “todavía no aplican este protocolo”, a pesar de ser centros públicos y con problemas de violencia en todos, según la UGT.

Los trabajadores de la dirección general perciben que la sensación de seguridad ha disminuido. Según el sindicato, la percepción de falta de seguridad “es cada vez mayor y hay una auténtica falta de voluntad por parte de la Administración para poner medidas que solucionen de verdad este gravísimo problema”.