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La Generalitat pedirá a la Fiscalía investigar si Lesmes y Díez-Picazo cometieron delito

El Govern pretende averiguar si delinquieron "en el cambio de una sentencia firme"

El juez Luis Diez-Picazo a su llegada al Tribunal Supremo, en Madrid.
El juez Luis Diez-Picazo a su llegada al Tribunal Supremo, en Madrid. EL PAÍS

El Gobierno catalán ha anunciado este viernes que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue si el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo, Luis Díez-Picazo, cometieron delito en la tramitación y acuerdo de la polémica sentencia de las hipotecas acordada el pasado miércoles.

Desde el Parlament, la consejera de la Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha explicado que la denuncia se presentará presumiblemente el próximo martes, día 13, tras la reunión del Ejecutivo catalán.

Según Artadi, la Fiscalía está "obligada a investigar" si ha habido delito en el "cambio de una sentencia firme", después de que el Supremo acordara que sea el cliente quien abone el impuesto de actos jurídicos documentados vinculado a la firma de una hipoteca, con lo que dio un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen.

La demanda anunciada por la Generalitat se suma a la que presentó a finales de octubre Podemos contra Díez-Picazo en la que se le acusaba de un presunto delito de prevaricación por haber llevado al pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo la decisión sobre si era el consumidor o el banco quien debía pagar el impuesto de las hipotecas y por forzar así la revisión de la jurisprudencia ya establecida.

En el auto que desestimó aquella querella, el Tribunal Supremo avaló la decisión de Díez-Picazo de llevar el caso al pleno de la Sala y desestimó que hubiese cometido prevaricación al considerar que "no cabe duda alguna" de que el magistrado era competente para convocar el pleno de la Sala que se inició sus deliberaciones el pasado día 5 y que concluyó al cabo de dos días con una ajustada votación de 15 a 13 a favor de que fuera el consumidor quién siguiera pagando el impuesto.

 

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