La Generalitat choca con Acciona por ATLL y le pide 38 millones

El futuro del concurso de Aguas Ter Llobregat (ATLL), la mayor privatización realizada por la Generalitat, tiene todos los números de seguir en los juzgados. Especialmente después de que hoy el Gobierno catalán haya desvelado su propuesta de liquidación del contrato, licitado en 2012 por 1.000 millones de euros. El informe concluye que el consorcio ganador, liderado por Acciona, debería pagar a la Generalitat 38,42 millones de euros cuando se liquide el contrato.

La cifra es chocante si se tiene en cuenta que el grupo constructor comunicó a la CNMV que prevé demandar un total de 1.036 millones de euros a la Administración catalana, en concepto de amortizaciones y de daños y perjuicios. La Justicia deberá determinar quién tiene razón en sus reclamaciones, después de que determinara la nulidad de la concesión tras un primer litigio que se prolongó durante cinco años.

La Generalitat ha presentado hoy la principal conclusión de su informe, después de que la comisión liquidadora, integrada por miembros de diferentes departamentos, se haya reunido en nueve ocasiones. Y la decisión llega a menos de dos meses de que la Generalitat reasuma el próximo 1 de enero --según lo previsto-- la gestión de la compañía, compromiso al que el anterior Gobierno llegó con la CUP en el caso de que el Tribunal Supremo tumbara el contrato, como así sucedió.

"El resultado contable de la liquidación es negativo en 38,42 millones de euros, lo que comporta que la sociedad cocnesionaria tendrá que devolver esa cantidad a la Generalitat", reza el comunicado de la Generalitat, que considera que se ha excluido el concepto de indemnización de su trabajo porque considera que "solo podría ser aplicable si una de las partes hubiera sido declarada culpable, hecho que no se ha producido". La sentencia del Supremo avalaba la del TSJC porque el concurso se debía declarar nulo por unas aclaraciones de un técnico del Departamento de Territorio.

El resultado obtenido por los técnicos del Gobierno catalán se basa en los ingresos obtenidos por la concesionaria ATLL, 912,6 millones de euros (por suministro de agua y venta de energía eléctrica) desde que asumió la concesión y los gastos reconocidos, que ascienden a 874,17 millones. La Generalitat defiende que en sus cálculos incluyen los costes de explotación y un margen industrial sobre los costes de operación de un 10%, más el coste de las obras ejecutadas, los 300 millones de euros pagados de canon inicial y los que se han ido asumiendo después por cada año de operación.

El cálculo de la Generalitat rompe todas las previsiones. El exconsejero de Economía, Andreu Mas-Colell, cifró en 326 millones de euros el retorno de dinero. La Generalitat provisionó hasta 380 millones para cubrir posibles indemnizaciones.