La fiscalía de medio ambiente investigará el macrovertedero de Santiago

La fiscalía de Medio Ambiente ha abierto diligencias de investigación penal por un posible delito medioambiental en la gestión del vertedero de Miramontes, ubicado en una vieja cantera de áridos de Grixoa (Santiago), a escasos kilómetros del centro de la capital gallega. Así lo ha anunciado la plataforma de afectados que lleva años luchando contra este macrobasurero situado a unos cientos de metros de sus casas, al que van a parar lodos de depuradora y residuos de buena parte de Galicia. La fiscalía abre diligencias a raíz de la denuncia presentada por la plataforma por "incumplimientos muy graves de la autorización ambiental integrada" del vertedero de residuos calificados como "no peligrosos". Ante la fiscalía, el colectivo se apoyó en las actas de inspección da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, en el proyecto constructivo del vertedero y en otra documentación aportada por la propia empresa a la Xunta. Y el fiscal delegado de Medio Ambiente. Álvaro García Ortiz, considera que los hechos descritos “pueden ser indiciarios de un delito contra el medio ambiente en su aspecto comisivo u omisivo". Para concretarlo, según ha precisado a los vecinos, reclamará una serie de informes sobre sus respectivas actuaciones a la Xunta, al Ayuntamiento y a la policía, la Guardia Civil y los bomberos.

Los vecinos enumeran en los hechos una serie de incumplimientos recogidos en las actas de inspección: presencia de residuos prohibidos y de residuos líquidos; falta de control visual antes de la descarga de los camiones; deficiente gestión en el rechazo de residuos; ausencia de recogida y separación de fracciones de residuos valorizables o entrada de restos con mayor carga orgánica a la permitida legalmente. Pero lo que ellos destacan es que "el porcentaje de la materia orgánica que estuvo entrando" en un vertedero creado en principio para residuos industriales no peligrosos y no biodegradables "es muy superior al límite del 10% considerado en su proyecto constructivo". Esto no solo “incumple" con la autorización ambiental integrada, sino que "pone en peligro" la seguridad constructiva, defienden los afectados.

Según el escrito de la fiscalía, “la caracterización de los residuos y la importancia de los materiales allí depositados es fundamental a la hora de adoptar los criterios de construcción y cautelas para la gestión" de un vertedero. "Si no se cumplen las previsiones legales, un vertedero dimensionado conforme a la legislación vigente para admitir residuos de una determinada naturaleza, se convierte en un peligro ambiental", sentencia. Ya que "ni la seguridad del propio vertedero, la emisión de gases y combustión, la gestión de lixiviados y otros efectos paralelos y nocivos como los hedores", "convierten una solución ambiental, como debe ser un vertedero, en un problema”.

Hay en el escrito, además, un toque de atención a los cargos públicos y las fuerzas de seguridad. En la resolución la fiscalía indica que “además de la empresa responsable, corresponde a las Administraciones públicas el control de las actividades potencialmente contaminantes o peligrosas", Por eso, para la investigación "es preciso conocer el estado de los expedientes, sancionadores, de reposición de la legalidad, planes de actuación o cualquier otro” que se haya incoado tras las inspecciones. El ministerio público solicita a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental información sobre las medidas adoptadas y al Ayuntamiento de Santiago sobre quejas y denuncias y sobre las actuaciones de la Policía Local y bomberos en los incendios registrados. Pide incluso respuestas a la comandancia de la Guarda Civil sobre incidencias y denuncias, y las medidas que pudieran haber tomado los agentes para restablecer la seguridad en la zona y el tráfico de camiones al vertedero. Los vecinos recuerdan que estos vehículos articulados de grandes dimensiones "circulan de forma irregular por una vía rural limitada a 5,5 toneladas".