Celaá afirma que “jamás” intuyó un pacto para encarecer los comedores escolares

La ministra de Educación y exconsejera vasca del área, Isabel Celaá, y dos de sus antecesores en el cargo han negado hoy responsabilidades políticas de sus respectivos departamentos en el reparto de mercado y fijación de precios entre las empresas adjudicatarias de los comedores escolares. Isabel Celaá, Anjeles Iztueta y Tontxu Campos han comparecido hoy en la comisión del Parlamento vasco que investiga el papel del Ejecutivo autonómico en este reparto de mercado y de precios que la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) da por probado que se produjo entre 2003 y 2015

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En 2016, la AVC impuso una sanción de 18 millones de euros a siete empresas por ello. Algunas de las firmas recurrieron la multa y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rebajó en 2017 la sanción en un 60% porque entendió que hubo un pacto entre ellas que fue posible gracias a la falta de "reacción, indagación, consulta o prevención" del Gobierno vasco.

Celaá, que fue consejera entre 2009 y 2012, ha asegurado que "ni la colusión ni el pacto entre empresas fue intuido por el Gobierno, ni por la oposición ni por la opinión pública". Ha subrayado que todos los gobiernos han actuado desde el año 2000, cuando se aprobó la orden que regula la gestión de los comedores escolares, "con acuerdo a los principios de contratación pública" y ha incidido en que así lo avalan distintos informes técnicos y de fiscalización.

Ha indicado que ahora se conoce la resolución de la AVC y las sentencias del TSJV que durante su mandato no se conocían, por lo que ha opinado que "no sería ni procedente ni justo analizar lo ocurrido con un sesgo retrospectivo".

"No podemos juzgar el pasado con información del presente. La sensibilidad que se tiene sobre contratación pública y libertad de competencia se ha incrementado. Nadie nos dijo en el pasado que esta práctica de reparto se estuviera produciendo, ni se sospechó. Todo se hacía con la máxima transparencia", ha concluido.

Iztueta, que fue consejera de Educación por EA en el Gobierno de Juan José Ibarretxe entre 2001 y 2005, ha explicado que en 2003 la gestión directa de los comedores se hacía en los colegios públicos de las zonas rurales y que de la del resto de centros se ocupaban las asociaciones de madres y padres con el permiso del Departamento.

Además, ha dicho que la última palabra en la contratación de estos servicios la tenía la Vicepresidencia del Ejecutivo autonómico, a través de Hacienda y de la mesa de contratación, ya que Educación se limitaba a la gestión, aunque ha precisado que las contrataciones eran de "poco volumen" porque había 1.000 alumnos en estos recursos, frente a los cerca de 100.000 actuales.

En cualquier caso, ha dejado claro que durante su mandato no se detectaron posibles irregularidades en la adjudicación de los servicios. "Lo que se buscaba era garantizar la calidad de la comida. Que yo sepa todas las normas de contratación se siguieron y se respetaron. Tenemos la conciencia tranquila porque hicimos lo que teníamos que hacer y actuamos bien" y "de forma honrada", ha subrayado.

Por su parte, el sucesor de Iztueta en el cargo, el consejero Tontxu Campos, también de EA, ha asegurado que su Departamento nunca gestionó de manera "maliciosa" la adjudicación de los comedores escolares, por lo que ha advertido de que le parece un "exceso" que se reclamen responsabilidades políticas. Ha indicado que bajo su mandato la prioridad era que los centros escolares tuvieran comedores y que para ello se actuó con "la mejor de las voluntades".

"Si algunas empresas se reunían para engañar al Gobierno no recibimos ningún indicio de ello por ninguna parte", ha indicado Campos, quien ha explicado que estas empresas tenían que demostrar que el Ejecutivo no era su único cliente, y que el Gobierno Vasco ponía precios máximos y hacía lotes para promover la competencia.

Por ello, ha reconocido que la "gestión puede mejorarse", pero ha insistido en que en estas contrataciones "no se puede decir que hubiese intención maliciosa". "Con la información que teníamos actuamos de la forma más adecuada posible", ha concluido.

La actual consejera, Cristina Uriarte, ha recordado que su Departamento cambió los procedimientos de contratación en 2013,antes de la resolución de la AVC, porque consideraba que "había margen de mejora". "Se ha cumplido con los principios de contratación pública", ha subrayado la consejera, quien ha insistido en que la evolución de los costes para las empresas no repercute en el precio que las familias pagan por este servicio, que no varía desde el año 2012.