El País Vasco lleva a la fiscalía la adjudicación de comedores escolares

El Gobierno vasco va a pedir a la fiscalía que investigue las adjudicaciones de los comedores escolares a varias empresas durante los últimos 10 años, después de que la de la Autoridad Vasca de la Competencia haya multado a ocho compañías con 18 millones por pactar los precios del servicio. El Parlamento lo ha ordenado así en una resolución apoyada por el PNV, EH Bildu y el PSE. Los partidos de la oposición coinciden en que estas empresas actuaban como un “cártel” y sospechan que puede haber una merma patrimonial pública, porque el informe de Competencia revela que los precios se han encarecido unos 70 millones de euros en 10 años.

La fiscalía tendrá que dilucidar si existen responsabilidades penales por esa actuación concertada contraria a la libre competencia o si, como sospecha el PP, las maniobras de las empresas han contado con el concurso de algún funcionario o servicio del Gobierno.

El precio que se paga a estas empresas por las comidas de los centros escolares públicos vascos se ha disparado en los últimos 10 años. Ocho empresas se han repartido geográficamente los comedores, en función de sus costes logísticos y de distribución y han pactado los precios para que cada una resultara adjudicataria de los concursos que más le interesaban, según la sospecha del Gobierno vasco. Cada firma se presentaba solo a los lotes de comedores que le correspondían y, en consecuencia, año tras año, los ganaba.

El Gobierno vasco asumía las subidas y después daba un precio social  a los padres

Una denuncia de 2013

El coste del servicio ha ascendido a 781,15 millones en ese periodo, aunque el precio del menú no haya variado mucho y las familias sigan pagando el mismo porcentaje de él. El 35% lo paga el Gobierno y el resto las familias, que ingresan directamente los recibos en los centros. Los precios sociales que fija el Gobierno han facilitado el pago de las familias.

La denuncia en 2013 de una empresa perjudicada puso en marcha la investigación de Competencia y las nuevas adjudicaciones del servicio, correspondientes ya al curso 2015-2016, han supuesto una rebaja para las arcas públicas de siete millones. “Este ahorro puede ser mayor si se generan nuevos incentivos a la entrada de operadores en el mercado y a la competencia entre ellos”, refleja el expediente de Competencia. El PP vasco llevará el caso a la fiscalía por fraude y solicitará una comisión parlamentaria de investigación.