Alerta en las carreteras por 45 desprendimientos en un día
Los geólogos advierten de que falta coordinación entre la información que recopilan Ferrocarrils, Carreteras o las diputaciones
La prevención se debería anteponer a la reacción. Los geólogos avisan de que no se respeta una fórmula tan simple para detectar el riesgo de desprendimientos y aumentar la seguridad en las carreteras, expuestas tras los temporales de los últimos días. Hay precedentes de accidentes con consecuencias trágicas por culpa del derrumbamiento de laderas, pero los protocolos apenas han variado. En medio de uno de los episodios de lluvias que en los últimos días han sacudido Cataluña, Protección Civil informaba de que, en un solo día, se habían registrado hasta 45 desprendimientos de roca y tierra en distintas carreteras.
El departamento de Territorio confirma la cifra y apunta que el dato solo recoge la afectación registrada en aquellas carreteras que son titularidad de la Generalitat. Es decir, no contabiliza las incidencias que su produjeron en vías que son competencia del Estado o de la administración local. Y son precisamente estas últimas las que, a menudo, sufren más afectaciones. Pere Buxó, técnico del Instituto Geológico y Cartográfico de Cataluña, pone como ejemplo el caso de la carretera de Port del Comte (Solsonès), bloqueada por un fuerte corrimiento de tierras.
“En verano ya detectamos el riesgo y le propusimos al Ayuntamiento medidas a adoptar”, señala. El consistorio, titular de la carretera, trató de asegurar la zona, pero la violencia del desprendimiento ha arrasado con todo, hasta inhabilitar el principal acceso a la estación de esquí, y todo ello cuando el inicio de la temporada de invierno está a la vuelta de la esquina.
Las campanas tocan a muertos en el Pirineo
La muerte de un matrimonio que fue alcanzado por un desprendimiento de piedras y rocas en Castell de Mur, en el Pallars Jussà, hace medio año, puso al descubierto el mal estado que presentan muchas carreteras de montaña. Jordi Navarra es hijo del matrimonio fallecido y ostenta la alcaldía de Sant Esteve de la Sarga, donde se integra una mancomunidad que agrupa a nueve pueblos más el turístico Congost de Montrebei. Con apenas un centenar de vecinos, el consistorio debe hacerse cargo de 40 kilómetros de carretera. Jordi Navarra cuenta que la gestión de una vía que presenta un "riesgo inminente" de desplome es un quebradero de cabeza y que, pese a que el ayuntamiento lo ha solicitado, ni la Diputación ni la Generalitat quieren asumir competencias sobre el trazado. Desde hace unos meses, Sant Esteve de la Sarga lidera un movimiento de protesta, al que se han unido varios pueblos del Pirineo, consistente en hacer tocar las campanas de la iglesia para denunciar el abandono a que se ven sometidas las zonas rurales.
El Instituto Geológico y Cartográfico es un ente público que depende del departamento de Territorio. En su plantilla tiene a una docena de geólogos expertos en el diagnóstico de riesgos. Una de sus funciones es movilizarse cuando un ayuntamiento o una diputación detecta una situación de amenaza potencial en alguna ladera. “Nosotros realizamos el asesoramiento, pero lo que no vamos a hacer es financiar las obras que sean necesarias. El problema se lo queda quien sea el titular de la carretera”. Raro es que los gastos de unos trabajos de contrafuerte sean inferiores a los 50.000 euros, dicen los técnicos.
La costosa financiación supone un freno para las obras de refuerzo y los técnicos apuntan que solo se agilizan las actuaciones en aquellos casos en que hay riesgo flagrante para las personas. “Entre 2006 y 2008 hubo fuertes desprendimientos en Montserrat, la situación causó alarma en el monasterio y se tomaron medidas”, señalan desde el Instituto Geológico. Se invirtieron ocho millones de euros. Casos parecidos han sucedido en núcleos habitados como Castellfollit de la Roca (Garrotxa) o l’Estartit (Baix Empordà), y en puntos conflictivos que registran una alta frecuencia de paso. Es el caso del cremallera de Núria o del túnel de Tres Ponts, en el Alt Urgell, donde la Generalitat invierte 35 millones de euros. Más controversia genera el mantenimiento de la C-16, donde la caída de una piedra de 40 kilos mató este verano al conductor de un coche y causó otros tres heridos, y de la C-17, donde se suceden los desprendimientos pese a que en 2016 una conductora de 29 años perdió la vida en un accidente provocado por un bloque de piedra.
Ramon Pérez es el presidente del Colegio de Geólogos de Cataluña. “El riesgo cero no existe pero no nos podemos permitir esta situación de inseguridad en las carreteras”, apunta. El Colegio impulsa un observatorio del georiesgo donde trata de radiografiar los puntos más conflictivos del mapa catalán. “No es solo una cuestión de dinero, falta coordinación”, denuncia Pérez. El Colegio echa en falta que haya una correcta gestión de la información que puedan recoger distintos actores: “Ferrocarrils de la Generalitat, Carreteras, el Instituto Geológico o las diputaciones, cada uno recopila datos y hace sus diagnósticos, pero no hay una coordinación para compartir la información que se recoge”, lamenta el presidente de los geólogos, que tilda de “fundamental” un análisis de la información para poder acometer medidas de prevención. “Si hoy se cae una piedra y vas y la quitas, y la semana que viene cae otra y haces lo mismo, esto no va a ninguna parte”, explica.
“Un desprendimiento no pasa de la noche a la mañana, y tampoco es cierto que sea solo culpa del agua”, ilustra Ramon Pérez. “Con información, los geólogos tenemos conocimientos suficientes para hacer un diagnóstico. Podemos saber donde va a haber un desprendimiento, con lo que reducimos la incertidumbre sobre en qué momento va a pasar”. En la misma línea, reclama a las administraciones competentes que tomen decisiones para evitar más disgustos: “Lo que no se puede permitir es no hacer nada, hace falta actuar”.
