El gobierno del PP de Alicante aprueba su rebaja fiscal con el apoyo de la tránsfuga de Podemos

El gobierno municipal de Alicante, del PP, ha logrado sacar adelante este lunes su rebaja fiscal para el próximo año gracias al apoyo de la tránsfuga de Podemos Nerea Belmonte. La edil, cuyo voto en blanco ya permitió en abril a la formación conservadora acceder la alcaldía, ha vuelto a marcar distancias con la oposición de izquierdas (PSPV-PSOE, Guanyar Alacant, y Compromís) y ha respaldado una reducción lineal del 5% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

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El alcalde Luis Barcala ya contaba antes de este pleno extraordinario con el apoyo del otro concejal no adscrito de la corporación, Fernando Sepulcre, expulsado de Ciudadanos, así como con el del propio partido naranja. Pero necesitaba el sí de Belmonte para cumplir con sus compromisos electorales. Para “intentar salvar la legislatura”, como él mismo ha dicho en declaraciones posteriores a los medios, tras “tres años de desgobierno del tripartito”.

Preguntado por el apoyo de los tránsfugas, Barcala ha valorado que en el ayuntamiento haya concejales “que actúen con responsabilidad” frente a otros que lo hacen “con absoluta irresponsabilidad". Ha recordado, asimismo, que el equipo de gobierno ha negociado con todos los ediles, “con independencia del grupo o posición", y prueba de ello son las 14 enmiendas aceptadas.

El paquete de medidas fiscales impulsado por el PP incluye también el aumento de bonificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), en el de Vehículos a Tracción Mecánica (IVTM) y en el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que en este último caso sí ha contado con el respaldo unánime de la corporación.

Estas bajadas impositivas han sido posibles tras la cancelación del plan de ajuste, que pone fin a la supervisión contable del consistorio alicantino por parte del Ministerio de Hacienda antes de la fecha prevista: 2023. El ayuntamiento se vio forzado a recurrir a esa herramienta en 2012 para pagar a sus proveedores durante el mandato de Sonia Castedo, la alcaldesa del PP que dimitiría dos años después por su implicación en el caso Brugal, una trama de supuesta corrupción política y empresarial.

El concejal de Hacienda, Carlos Castillo, ha explicado hoy que las arcas municipales disponen actualmente de un “excedente de recaudación", por lo que "es justo devolver el esfuerzo que han hecho los alicantinos" en los últimos años. El gobierno local sostiene que las rebajas de impuestos y tasas permitirán la implantación de nuevas empresas, favorecerán la contratación indefinida, harán más accesibles los nuevos edificios y repercutirán en un aumento de la compra de vehículos híbridos y eléctricos.

“Hoy la ciudad se jugaba mucho", ha señalado Barcala. En su opinión, de no haberse aprobado esas medidas y la modificación de créditos por 12 millones que permitirán desarrollar inversiones comprometidas en diferentes barrios, el anterior tripartito de izquierdas “habría resucitado y conseguido darle carpetazo definitivo a una legislatura perdida”.

Por su parte, Belmonte ha justificado durante el pleno su apoyo a la rebaja del IBI propuesta por el PP con el argumento de que el ayuntamiento no necesita ya recaudar ese 5%. “Da igual que cada familia se ahorre un euro o veinte al mes porque ese dinero es suyo”, ha precisado la edil no adscrita, que fue expulsada de Podemos y Guanyar en 2016, después de conocerse que había adjudicado a dedo un contrato a unos amigos cuando dirigía el área de Servicios Sociales.