El Gobierno del PP de Alicante plantea una bajada de impuestos antes de las elecciones

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del PP, pretende bajar varias tasas e impuestos el próximo año, en el que se celebrarán las elecciones municipales. El concejal de Hacienda, Carlos Castillo, ha presentado esta iniciativa tras la cancelación del plan de ajuste, que pone fin a la supervisión contable del Ministerio de Hacienda. El gobierno local acaba de liberar 30 millones de euros que servirán para liquidar los créditos concedidos por diversos bancos con el aval del Gobierno central.

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El plan de ajuste de Alicante, que vencía en 2023, cerraba hasta ahora la puerta a rebajas en la fiscalidad, establecía restricciones a las inversiones y fijaba un techo de gasto. El Ayuntamiento se vio forzado a recurrir a esa herramienta en 2012 para pagar a sus proveedores durante el mandato de Sonia Castedo, que dimitiría dos años después por su implicación en el caso Brugal, una trama de supuesta corrupción política y empresarial.

La Concejalía de Hacienda ha cifrado en más de un millón de euros el ahorro anual derivado de la cancelación del plan, que fue respaldada en julio por toda la oposición, incluidos los grupos de izquierda, a excepción del PSPV-PSOE. El consistorio pagará únicamente 315.259 euros en intereses bancarios en 2019, frente a los 1.321.490 que abonará este año. “Mientras que el 31 de diciembre de 2017 el capital vivo era de 76.407.879 euros, en 2018 será de 17.157.665 euros”, precisa en un comunicado el equipo de gobierno.

"Vamos a bajar numerosos impuestos a partir del próximo 1 de enero de 2019. Entre ellos, el IBI (Impuestos de Bienes Inmuebles), un 5 %”, anunció el pasado lunes Castillo. El plan fiscal del PP incluye asimismo la concesión de incentivos a las nuevas empresas que se implanten en la ciudad, a través del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), y la reducción del impuesto de vehículos.

Castillo está manteniendo una ronda de reuniones con los diferentes grupos de la oposición, salvo con el PSPV-PSOE, que se ha autoexcluido de esas negociaciones. La portavoz de Cs, Yaneth Giraldo, se ha mostrado favorable a la bajada de impuestos. Los socialistas creen que los liberales y los conservadores han alcanzado ya un acuerdo para consensuar la modificación de las ordenanzas fiscales vigilantes y llevarla al pleno en el mes de diciembre.

Por su parte, Compromís califica de “demagógica y electoralista” la propuesta del Partido Popular. Los tres concejales de la formación nacionalista se oponen a una bajada generalizada de la fiscalidad y abogan, por el contrario, por una política fiscal redistributiva para “compensar las desigualdades sociales”, por aprobar bonificaciones para viviendas VPO o energías renovables.

Algunas voces del PSOE y de Guanyar Alacant (confluencia de Esquerra Unida, Podemos e independientes) también han comenzado a reclamar que la Iglesia pague el IBI. Ambos partidos podrían llevar al pleno una propuesta para las propiedades eclesiásticas no destinadas al culto hagan frente a ese impuesto, según fuentes de dichas formaciones.

La distribución de fuerzas en la corporación obligará previsiblemente al PP, que alcanzó la alcaldía el pasado mes de abril tras la dimisión del entonces alcalde socialista, Gabriel Echávarri, a contar con el apoyo de Ciudadanos y, al menos, uno de los dos ediles no adscritos para sacar adelante su propuesta fiscal.