El Govern prepara una subida en la tarifa de los comedores escolares

La gestión del servicio enfrenta a familias y Generalitat, que plantea reducir ratios de monitores

Escolares en el comedor de un centro escolar.
Escolares en el comedor de un centro escolar.

El Departamento de Enseñanza ha decidido abrir uno de los melones hasta ahora intocable en el sector educativo: el precio del comedor escolar. El director general de Atención a la Familia y la Comunidad Educativa, Ramon Simon, admitió a EL PAÍS que el Govern revisará al alza las tarifas (actualmente 6,2 euros) para “que haya más monitores y que el sector no tenga un trabajo precario”, justificó. Sobre la mesa se ha puesto la cifra de 6,8 euros, el importe que reclaman las empresas del sector y que la Generalitat analizará. “Pero todavía no hay nada decidido”, apuntan desde el Departamento.

Enseñanza fija cada año el precio del menú diario de los escolares, que desde el curso 2009-2010 está apostado en 6,20 euros por alumno y día. Este importe sirve para cubrir tanto el plato de los pequeños como el sueldo de cocineros, monitores del comedor y las actividades que se realizan al mediodía hasta que se reinician las clases por la tarde. “Que el precio no se haya movido en tantos años es una completa animalada”, sentencia Pep Montes, presidente de la Acellec, la principal asociación que agrupa las pequeñas y medianas empresas de ocio educativo. La entidad defiende que el importe es insostenible porque en este tiempo el coste de alimentos y de personal se ha incrementado. Entonces, ¿cómo salen los números? Según la Acellec, de forma “perversa”: aumentando el precio, compensando con otros negocios (en caso de empresas grandes), reduciendo monitores, eliminando los proyectos educativos, “o simplemente incumpliendo los contratos”.

La Acellec llegó a impugnar el importe a los tribunales y un perito judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estableció que el precio de 6,20 era “inviable, ya que no cubre los costes necesarios esperados para dar el servicio y/o no produce los rendimientos que puedan ser considerados suficientes para realizar una actividad económica de tipo lucrativo”. Como respuesta, la Generalitat elaboró su propia memoria educativa donde defiende que sí lo es y cifra en una horquilla de entre 5,49 y 6 euros el coste (dependiendo del tamaño de la escuela).

Desde el curso 2009-10
se paga la misma tarifa:
6,2 euros por alumno y día.

La Acellec propone aumentar el precio máximo a 6,8 euros, pero asegura que no debe hacerse de forma generalizada, sino solo en los casos donde no salen los números, que acostumbran a ser en los centros más pequeños. Consideran que así se puede ofrecer el servicio con todas las garantías. “Somos empresas del sector educativo y si no ofrecemos un proyecto educativo seríamos simples vigilantes y camareros”, subraya Montes.

Temor a fuertes subidas

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 La Federación de asociaciones de madres y padres (Fapac) avisa de que “se está relegando el servicio de comedor a que sea viable económicamente” y teme una fuerte subida. De hecho, insiste en que la subida a los 6,80 euros que apunta la Acellec es la cifra que ha puesto sobre la mesa el Govern. La Generalitat, no obstante, no ha concretado cuánto estudia encarecer el servicio de comedor y asegura que “el precio no está cerrado”. Simon recuerda que la revisión del precio tiene que ser asumible por las familias y también por el Departamento, ya que ese incremento repercutirá en las arcas de Enseñanza, que es la que reparte y asume el gasto de las becas comedor (el Govern se ha gastado casi 74 millones el curso pasado para cubrir las ayudas).

Desde la Asociación Catalana de Municipios (ACM) también se pide un aumento del precio del comedor, pero abogan por penalizar a los comensales esporádicos y favorecer a los habituales.

Pero el precio no es el único frente abierto del Govern con respecto a los comedores escolares. De hecho, este melón ha saltado en el marco de unas complejas negociaciones entre Enseñanza, municipios y la comunidad educativa sobre la nueva normativa que regulará la gestión de los comedores. El borrador del decreto que está sobre la mesa ha soliviantado a las ampas, sobre todo por la futura obligación de que la gestión de los comedores se adjudique por concurso público, siguiendo la directiva europea.

En la práctica, esto supondrá que se aparte a las ampas —entidades privadas— de la contratación directa: la norma exige que sean los centros, los ayuntamientos o los consejos comarcales los que saquen a concurso público el servicio. La Generalitat prevé dar cinco años para acabar estos casos gestionados por las familias. La ACM aplaude la modificación. “Los ayuntamientos y consejos comarcales no asumiremos los procedimientos irregulares que comporta la gestión de los comedores por parte de entidades privadas”, resuelve la entidad municipalista en un documento consensuado entre ocho entes comarcales. La Federación de Municipios ultima su posición sobre el borrador.

Las ampas critican
que la gestión se adjudique a través
de un concurso público, como marca la UE

De los 1.989 comedores, un tercio está gestionado por centros escolares, otro tercio por ampas (que en la mayoría de los casos contratan a una empresa) y otro tercio por consejos comarcales. Todos, excepto un 10% de los gestionados por ampas, tienen externalizado el servicio. La Fapac teme que se hagan licitaciones en bloque que beneficien a los gigantes empresariales del sector (son los que tienen la capacidad de asumir grandes contratos) y esto perjudique el servicio.

Control más próximo

La federación que aglutina a las asociaciones de familias asegura que no se opone a que la administración asuma la gestión de los comedores, sino al cómo. Con todo, defiende el actual modelo de las ampas. “Cuando es el ampa el que contrata no hay intermediarios, no se busca el beneficio económico, todo el dinero revierte en el comedor y se buscan empresas pequeñas. Además, controla más el servicio y se cambia más fácilmente si hay algún problema”. Desde la Acellec piden a la Generalitat que deje que las ampas sean las que contraten el servicio. “Son las que conocen mejor la realidad y dan más garantías. Si la gestión la lleva el ampa el servicio es más eficiente”, apunta Montes.

La Generalitat insiste en que es la ley de contratos públicos la que impide que las ampas, como entes privados que son, contraten servicios públicos. Con todo, Simon insiste en que el Govern tomará “medidas preventivas” para que “no desembarquen las grandes empresas” en estos servicios.

Otro de los puntos calientes en discusión del nuevo decreto es el número de monitores que debe haber en los comedores. El borrador de la futura normativa establece un techo máximo de 15 alumnos por monitor en P3, 20 en el caso de P4 y P5, 30 en primaria y 40 en secundaria. Actualmente esta proporción está en 18 en el ciclo infantil y 30 en primaria. Desde la Acellec aseguran que estas ratios son “irreales” y que en la práctica son más bajas para garantizar un buen servicio, cosa que, consecuentemente, aumenta el coste. La Generalitat, por su parte, admite que “son altos” y está dispuesta a mejorar los ratios, aunque advierte de que esto “implica encarecer el precio”.

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