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El Gobierno vasco sanciona a 270 propietarios de VPO por incumplir la normativa

El principal motivo de los expedientes es la no ocupación de los pisos protegidos

El lehendakari Urkullu, en el pleno de control del Parlamento celebrado este viernes.
El lehendakari Urkullu, en el pleno de control del Parlamento celebrado este viernes.

El Gobierno vasco ha sancionado a 270 adjudicatarios de viviendas de protección oficial en el último año y medio por vulneracr la normativa que regula estos pisos y deberán hacer frente a multas que ascienden a un total de 240.747 euros. El consejero vasco de Vivienda, Iñaki Arriola ha ofrecido estos datos este viernes en el pleno de control del Parlamento Vasco.

Arriola ha informado de que en 2017 se inspeccionaron 9.502 viviendas de VPO de las 75.000 que conforman, aproximadamente, el parque de protección oficial con calificación permanente y temporal, lo que supone el 12,6% del total. De esas visitas de comprobación, 4.095 se realizaron en Bizkaia, 2.010 en Gipuzkoa y 3.397 en Álava. Además, entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año se habían realizaron otras 7.277 inspecciones (2.644 en Bizkaia, 2.380 en Gipuzkoa y 2.253 en Álava).

Fruto de estas averiguaciones y la comprobación de denuncias, en este periodo de tiempo se han abierto 270 expedientes sancionadores a otros tantos propietarios. El motivo más frecuente de las sanciones es la no ocupación de la vivienda protegida, que según establece la normativa debe ser utilizada como residencia principal y permanente por el adjudicatario. Por este motivo se han cerrado con sanción 45 expedientes, la gran mayoría de ellos (44) en el pasado ejercicio.

El siguiente supuesto más habitual es la ausencia prolongada y no justificada del adjudicatario de la vivienda de protección oficial, con 26 casos sancionados. Otra causas de sanción fue el alquiler no autorizado del piso (12 casos sancionados).

El importe global de las sanciones impuestas en el último año y medio es de 240.747 euros, con una media de 2,88 euros por sanción. Arriola ha recordado que la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de 2015 "endureció de forma muy considerable" las multas, que oscilan, en función de la gravedad, entre los 300 y los 300.000 euros.

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