Las otras secuelas judiciales del 1-O

Cuando llegó el referéndum ilegal del 1 de octubre del año pasado en Cataluña, los colectivos de defensa de derechos civiles constituidos alrededor del independentismo estaban preparados. Som Defensores, la plataforma que crearon para coordinarse, reclutó en Barcelona un pequeño ejército de 240 personas entre “observadores”, abogados y psicólogos. “Era la primera vez que montábamos algo así, pero nos daba miedo la respuesta del Estado. Y no nos equivocamos”, explica Anaïs Franquesa, una de las coordinadoras. El despliegue les permitió recoger testimonios de primera mano y obtener, al momento, imágenes y vídeos sobre la cuestionada actuación policial en los colegios habilitados como centros de votación del referéndum.

“Tuvimos información directa de lo que estaba pasando y recopilamos los datos de las personas afectadas”, añade Franquesa. Así se explica que Barcelona haya avanzado más que otros partidos judiciales de Cataluña en la investigación de esos hechos: el titular del juzgado de instrucción número 7 de la ciudad, Francisco Miralles, mantiene investigados a cinco policías del Cuerpo Nacional de Policía —dos mandos y tres agentes— por actuar, presuntamente, de forma “desproporcionada”.

La batalla por el relato del 1-O también se libra en los juzgados y, muy en particular, en la macrocausa de Barcelona. El Ayuntamiento de la ciudad y el colectivo Irídia se alinearon con la Generalitat para defender a las cerca de 250 personas que, según su balance, resultaron heridas en la capital. Denunciaron vulneración de derechos y pidieron al juez que investigara a los policías por delitos de lesiones y contra la integridad moral. La fiscalía, en cambio, sostuvo que la denuncia del Ejecutivo catalán era “general, indiscriminada e inconcreta” y pidió que la investigación se centrara solo en un episodio: una intervención en un colegio privado, los Jesuitas de Sant Gervasi.

Sobre su mesa, el juez Miralles tenía inicialmente un centenar de partes de lesiones de ciudadanos —la mayoría leves, como hematomas y contusiones— documentadas con vídeos y fotografías. Pero también, un informe de la Policía que hablaba de 20 agentes lesionados pero no concretaba el tipo de heridas ni cómo fueron causadas. El magistrado decidió abrir 27 piezas separadas para investigar a fondo lo ocurrido en cada uno de los colegios e institutos donde se denunciaron hechos. La causa, por tanto, lo abarca todo. Por ahora, sin embargo, solo ha avanzado lo que tiene que ver con las heridas causadas por los policías. El juez archivó inicialmente media docena de ellas —por falta de pruebas o autor conocido— pero mantiene vivas una veintena. Es previsible que, en las próximas semanas, se produzcan nuevas imputaciones.

La investigación de los cinco agentes se corresponde con tres intervenciones distintas. La tónica general que apunta el juez en sus autos es que fueron cargas “desproporcionadas” e incluso “peligrosas” para los ciudadanos. A estos, en cambio, no les atribuye por ahora violencia alguna. Las imágenes (fotos y vídeos) son la clave de esos asuntos. Un mismo subinspector de los antidisturbios acumula dos imputaciones por sus actuaciones en la Escuela Mediterrània y en el instituto Pau Claris. El quinto y último investigado, el de mayor rango, es un inspector que “empujó y zarandeó” a varias personas, incluidos ancianos, en una escuela católica privada, una actuación que “no estaba amparada” por la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de impedir el referéndum, que aludía solo a locales públicos. El juez es contundente porque, en su informe, la Policía no informó de esa intervención irregular, pero sí dijo que uno de sus agentes había sido lesionado (fractura en un dedo) allí.

Las entidades denuncian la pasividad —si no beligerancia— de la fiscalía a la hora de indagar las cargas del 1-O. En el primero de sus escritos, de hecho, recordó que la Policía y la Guardia Civil estaban “acatando la orden” judicial de impedir el referéndum y rechazó que los agentes actuaran de forma violenta o desproporcionada. “Nada más lejos de la realidad”. La intervención no afectó a la convivencia ciudadana, sino a las personas que habían sido convocadas a participar “de forma irresponsable” por el Gobierno catalán y que se concentraron en los colegios “de forma tumultuosa” para “obstaculizar” su trabajo. La fiscalía dibuja un relato, pues, distinto: a los agentes, en todo caso, les ampara la “legítima defensa” ante actuaciones de individuos que “actuaron violentamente” contra ellos.

Las otras cuatro intervenciones de la fiscalía han ido en esa misma línea. Ha cuestionado, por ejemplo, la decisión del juez de ofrecer acciones a todos los afectados con el argumento de que esas supuestas víctimas “pueden ser autoras de un delito de cooperación de desobediencia o de resistencia grave”. Por eso pidió que, al acudir a declarar, lo hicieran acompañadas de abogado. También solicitó que solo pudieran ser parte en la causa las personas afectadas por una herida que no supusiera un delito leve.