Un miembro de los CDR huye a Bélgica para esquivar a la justicia española

Carles Puigdemont. Toni Comín. Lluís Puig. Meritxell Serret. Valtònyc. Y ahora, Adrià Carrasco. Un miembro de los autodenominados Comités de Defensa de la República, los grupos surgidos en Cataluña para imponer la secesión tras el referéndum ilegal del 1 de octubre, ha sido el último en elegir Bélgica como destino para escapar de la justicia española.

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Un juez de la Audiencia Nacional ordenó en abril su detención y la de Tamara Carrasco, investigados por terrorismo y rebelión por su participación en cortes de autopistas y sabotajes. Esta última fue arrestada y finalmente puesta en libertad, acusada únicamente de desórdenes públicos, con la sola limitación de presentarse en el juzgado cada lunes y no poder salir de Viladecans (Barcelona), su municipio, salvo para acudir al trabajo si este estuviera fuera de dicha localidad. Pero cuando la Guardia Civil se personó en el domicilio de Adrià Carrasco en Esplugues de Llobregat, el joven de 25 años había desaparecido, y los agentes se limitaron a registrar la vivienda.

En junio su entorno reveló que se encontraba en el extranjero, y esta semana han desvelado que, como ya hiciera parte de la cúpula del procés, ha elegido instalarse en Bélgica, donde trabaja como técnico de sonido, aunque no ha querido especificar cuándo aterrizó.

"He ido al exilio porque creo que es una buena forma de seguir luchando y mostrar la represión del Estado español contra los que piensan diferente. En España no tenía ninguna garantía de tener un juicio justo", ha señalado este jueves en una rueda de prensa convocada en la sede de la denominada Organización de Naciones y Pueblos No Representados, una entidad que defiende los derechos de lo que consideran países sin Estado.

Las coincidencias de Adrià Carrasco con sus predecesores en el camino hacia el extranjero no solo se ciñen al lugar, Bélgica, cuya justicia consideran más sensible a sus intereses. Carrasco ha contratado al mismo equipo legal que Valtònyc y los políticos independentistas fugados. Su abogado Christophe Marchand, también parte de la causa contra el juez Pablo Llarena, ha comparecido junto a él. Una vez que se ha hecho público el emplazamiento de su cliente, el letrado está a la espera de saber si España reclama su entrega a través de una euroorden, algo que no está garantizado.

Carrasco no se plantea regresar hasta que se rebajen los cargos en su contra. "El mejor escenario sería que se retirase la acusación de terrorismo", explica Marchand, que coordina la defensa con Gonzalo Boye, otro de los abogados de Puigdemont y los exconsejeros huidos. Sobre su papel en los disturbios instigados por los CDR, que llevaron a la apertura de peajes y el corte de carreteras durante las vacaciones de Semana Santa, Carrasco se ha mostrado huidizo y poco dispuesto a dar detalles. Ha afirmado que su detención ha sido "arbitraria", ha criticado que España utilice el término terrorismo "a la ligera", y ha defendido que los CDR "no son gente violenta, son el pueblo organizado".