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El juez limita a desórdenes públicos las acciones de los piquetes secesionistas

Tamara Carrasco queda en libertad con medidas cautelares pese a que la fiscalía pidió prisión para ella por rebelión y terrorismo

La detenida en Viladecans.

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha limitado este jueves a un delito de desórdenes públicos la actuación de Tamara Carrasco, la miembro de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenida el pasado martes por la Guardia Civil acusada de delitos de rebelión y terrorismo. Carrasco, de 34 años y residente en Viladecans (Barcelona), quedará en libertad con medidas cautelares: el juez le impone comparecencias todos los lunes en el juzgado de guardia y le prohíbe salir de su municipio salvo para acudir al trabajo si este estuviera fuera de dicha localidad. Además, le requiere autorización judicial para realizar cualquier salida del término municipal, le prohíbe salir de España y le obliga a facilitar domicilio y teléfono donde pueda estar localizable.

La decisión del magistrado supone un revés para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que había solicitado prisión incondicional para la detenida. El ministerio público la considera “responsable de delitos cometidos con finalidad de rebelión”, sin perjuicio de otros tipos penales que pudieran apreciarse durante la investigación, que permanece secreta. El martes, fuentes de la fiscalía atribuían a Carrasco por primera vez en todo el proceso de independencia de Cataluña delitos de terrorismo. Las penas por desórdenes públicos oscilan entre seis meses y tres años de prisión.

“La investigada habría desarrollado actividades de dirección y coordinación en actos de sabotaje”, señala la fiscalía en un comunicado. Según la acusación Carrasco formaba parte de “un reducido equipo de dirección que determina las pautas de actuación y las consignas de movilización de estos grupos, con actos de rebeldía, encaminados a normalizar la desobediencia y exteriorizar la confrontación con el Estado”. Los investigadores creen que los CDR “trasladaban a la calle con actuaciones violentas” el proceso soberanista catalán que se investiga en sendos procedimientos en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, “como una clara una amenaza directa al orden constitucional establecido”. La fiscalía reclamó la prisión incondicional para la detenida por riesgo de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas.

Tamara Carrasco supuestamente grabó y difundió un mensaje con instrucciones para realizar acciones concretas —que nunca se llevaron a cabo— durante las vacaciones de Semana Santa. En esas fechas, los CDR, grupos surgidos en Cataluña para imponer la secesión tras el referéndum ilegal del 1 de octubre, sí cortaron carreteras y sabotearon peajes de autopistas en diferentes puntos de Cataluña.

En su domicilio, los agentes intervinieron material informático y documentación, parte de ella relacionado con cartelería de los CDR. Los agentes también hallaron un documento referido a un cuartel de la Guardia Civil en Barcelona que las fuentes consultadas califican de “interesante para la investigación”, pero cuyo contenido declinaron detallar.

Los agentes tenían orden de arrestar también a otro joven presuntamente vinculado con estos hechos, pero esta sigue pendiente de realizaros, según fuentes del instituto armado. Su vivienda en la localidad de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha sido registrada. El magistrado dictó este jueves una orden de detención contra él.

La presión de los CDR aumentó tras la detención, el pasado 25 de marzo en Alemania, del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la justicia española. El arresto del líder independentista desembocó en algaradas callejeras en Barcelona y enfrentamientos con los Mossos. También se registraron acciones contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa por rebelión del procés. La acera junto a la segunda residencia del magistrado en Das (Girona) amaneció al día siguiente de la detención de Puigdemont con insultos hacia él. Sobre los últimos sabotajes, la fiscalía aseguró ayer que fueron concebidos “para provocar un clima de agitación social”.

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