La Audiencia Nacional ordena la detención de dos cabecillas de los CDR por los cortes de la AP-7 y sabotajes

La respuesta penal contra los fenómenos violentos asociados al independentismo catalán se ha elevado este martes hasta el extremo. Un juez de la Audiencia Nacional ha ordenado detener a dos miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), los grupos surgidos en Cataluña para imponer la secesión tras el referéndum ilegal del 1 de octubre. La fiscalía los relaciona con los cortes de carreteras y sabotajes a peajes en la comunidad autónoma durante la pasada Semana Santa. La fiscalía les atribuye delitos de rebelión y, por primera vez en el proceso catalán, terrorismo, penados con decenas de años de cárcel.

La Guardia Civil ha puesto en marcha este martes la Operación Cadera, en referencia inequívoca a los Comités de Defensa de la República, conocidos popularmente por sus siglas CDR. Los agentes, a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, han detenido en Viladecans (Barcelona) a Tamara Carrasco. Esta mujer supuestamente grabó y difundió un mensaje con instrucciones para realizar acciones concretas —que nunca se llevaron a cabo— durante las vacaciones de Semana Santa. En esas fechas, los CDR sí cortaron carreteras y sabotearon peajes de autopistas en diferentes puntos de Cataluña.

En su domicilio, los agentes intervenieron material informático y documentación, parte de ella relacionado con cartelería de los CDR. Los agentes también hallaron un documento referido a un cuartel de la Guardia Civil en Barcelona que las fuentes consultadas califican de “interesante para la investigación”, pero cuyo contenido declinaron detallar.

Los agentes tenían orden de arrestar también a otro joven presuntamente vinculado con estos hechos, pero a última hora de este martes la detención seguía pendiente de realizarse, según fuentes del instituto armado. Su vivienda en la localidad de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha sido registrada.

El pasado 2 de abril, tras las vacaciones de Semana Santa, la Fiscalía de la Audiencia Nacional informó de que había impulsado “investigaciones penales de todo tipo” contra los CDR. Estos grupos, alrededor de 300 en toda Cataluña, surgieron en la órbita de la izquierda antisistema antes del referéndum ilegal del 1 de octubre como fuerza de resistencia callejera para forzar la celebración de la consulta, prohibida por el Tribunal Constitucional y la justicia ordinaria. En las últimas semanas, los CDR han visto cómo sus filas se engrosaban con jóvenes, profesionales y jubilados, muchos de ellos procedentes de las entidades soberanistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

Presión en aumento

La presión de los CDR aumentó tras la detención, el pasado 25 de marzo en Alemania, del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la justicia española. El arresto del líder independentista desembocó en algaradas callejeras en Barcelona y enfrentamientos con los Mossos. También se registraron acciones contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa por rebelión del procés. La acera junto a la segunda residencia del magistrado en Das (Girona) amaneció al día siguiente de la detención de Puigdemont con insultos hacia él. Sobre los últimos sabotajes, la fiscalía aseguró ayer que fueron concebidos “para provocar un clima de agitación social”.

La primera respuesta penal a todo ello se ha concretado este martes en términos extremadamente duros. La fiscalía de la Audiencia Nacional atribuye a los dos investigados algunos de los delitos más castigados del Código Penal: rebelión y, por primera vez en el procés, terrorismo.

El delito de rebelión castiga con hasta 30 años de prisión en los casos más graves a quienes se levanten “violenta y públicamente” para, entre otros objetivos, “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. Este tipo penal ha sido el que el juez Llarena ha aplicado, en su auto de procesamiento, a los principales dirigentes políticos y sociales independentistas encarcelados o fugados a diferentes países.

Respecto al terrorismo, el Código Penal recoge bajo esta denominación numerosos “delitos graves” que van desde el asesinato y el secuestro al depósito de armas pasando por los delitos contra el patrimonio (robos, hurtos), o las amenazas cuando se realizan con alguno de los fines siguientes: “Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”; “alterar gravemente la paz pública o desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional” o “provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella”.