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El plan contra el fraude de Colau permite recaudar 18 millones más

El Ayuntamiento prevé obtener otros 10 millones tras descubrir empresas que no estaban dadas de alta

Gerardo Pisarello y Ada Colau en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona.
Gerardo Pisarello y Ada Colau en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona.

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha un plan global de lucha contra el fraude fiscal que ha permitido recaudar 18 millones de euros más solo con las inspecciones a grandes empresas (eléctricas, superficies comerciales o constructoras). El Instituto Municipal de Hacienda ha cruzado datos con otras instituciones, lo que le ha permitido detectar, por ejemplo, actividades económicas que no estaban dadas de alta. Gracias al pago del impuesto de residuos de esas empresas, el Consistorio prevé recaudar este año otros 10 millones más de lo habitual.

En Barcelona hay un impuesto municipal que grava la recogida comercial de residuos. Lo pagan todos aquellos que desarrollan una actividad económica: desde un restaurante hasta un despacho de arquitectos, pasando por una zapatería. Es un impuesto que se paga a final de año y que anualmente reporta 16,9 millones al Instituto Municipal de Hacienda. Este año, solo hasta junio, la recaudación se ha multiplicado por 13 respecto al año pasado, un 1.358%, y alcanza 9,5 millones (en 2017, a estas alturas se habían recaudado apenas 657.000 euros).

¿Y cómo se explica este triple salto mortal que haría llorar de alegría a cualquier inspector de hacienda? Lo cuenta el gerente de economía del Ayuntamiento, Jordi Ayala. Resulta que no todo el mundo se da de alta cuando inicia una actividad económica. La última revisión se hizo en 2010. Y este año, el consistorio ha pedido las altas del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que se paga a la Agencia Tributaria del Gobierno español.

“Difícilmente una empresa comienza a trabajar sin IAE, todo el mundo tiene claro que hay que darse de alta, pero en el Ayuntamiento hemos cruzado datos del IAE con las empresas que hay en Barcelona y hemos descubierto que, además de las 67.000 empresas a las que girábamos recibos (los 16 millones de cada año), no se habían dado de alta 21.000 despachos, tiendas, restaurantes…”. De ahí que, solo en lo que va de año, la recaudación por el impuesto se haya multiplicado por 13. Los recibos enviados por el Ayuntamiento han sido 48.000 (algunos a la misma empresa por varios años) y permitirán que la recaudación final pase de 16,9 millones a casi 26.

En realidad, el caso del Impuesto de Recogida Comercial de Residuos forma parte de un plan global, explica Ayala: “Hemos emprendido un plan de lucha contra el fraude fiscal desde el Instituto Municipal de Hacienda: hemos revisado los impuestos de las grandes superficies, de las eléctricas”. Ayala apunta que, a veces, solo es necesario “cruzar datos con las otras administraciones”, como la agencia tributaria catalana o la del Estado. Además, la plantilla del IMH ha crecido en diez personas.

El gerente defiende que esta revisión impacta positivamente en la caja del Ayuntamiento, pero le da otro valor: “Por justicia todo el mundo tiene que pagar. No se trata de pagar más; sino de que todo el mundo pague lo que le toca. No vamos a exprimir a quien ya paga, sino a hacer cumplir a quien no lo hace. Si no hubiera fraude, todos los que pagamos impuestos podríamos pagar un poco menos. Lo que se llama reducir la brecha fiscal”, apunta. El Instituto Municipal de Hacienda tiene una tasa de morosidad muy baja: se cobra el 94% de los recibos… de los que se giran.

Además del trabajo de hormiga de girar los 48.000 recibos pendientes a las empresas, el equipo de hacienda del Ayuntamiento también ha hecho inspecciones a grandes empresas: a las eléctricas (han cobrado tres millones de euros más); a las grandes superficies comerciales (dos millones más, porque no declaraban los pasillos), o a los grandes constructores (3,5 millones). En total, son 18 millones de euros sumando un poco de aquí y un poco de allá.

Las empresas se ponen en guardia

Más allá del caso concreto de Barcelona, el gerente de economía municipal, Jordi Ayala, defiende otro efecto colateral de incrementar las inspecciones, y es que las empresas se ponen en guardia. “Si nunca inspeccionas, no solo no detectas el fraude, sino que, aunque sea sin mala fe, provocas que se relajen los controles de todas las empresas”, afirma. En cambio, cuando la administración incrementa los controles, las empresas también lo hacen. Curiosamente, a veces les incrementa la cifra de negocio: sea porque les va fantásticamente o porque antes no lo declaraban todo.