La inacción legislativa marca los primeros 100 días de Torra

El president llega, el próximo sábado, al hito de los primeros tres meses de Gobierno con la sombra (autoimpuesta) de su antecesor marcándole la agenda antes desde Alemania y ahora desde Waterloo. “El día más feliz de mi presidencia será cuando podamos restituir a Puigdemont y a los consejeros”, aseguró Torra en una de sus primeras intervenciones tras ser investido en segunda vuelta, gracias a la abstención de la CUP y cinco meses después de las elecciones del 21-D. Hasta hoy, Torra sigue sin ocupar el despacho de Puigdemont, oficialmente en obras. Trabaja en otra dependencia del Palau de la Generalitat. Le ha ido a visitar prácticamente una vez al mes y mantienen un fluido contacto telemático.

Mientras tanto, la vida legislativa en Cataluña está bajo mínimos tanto en lo ejecutivo como en lo legislativo. El Govern solo ha enviado al Parlamento catalán cuatro proyectos de ley que, además, se arrastraban de la legislatura anterior, que fueron paralizados por el artículo 155 y que el Gobierno de Torra se ha limitado a desatascar. Uno versa sobre las condiciones para los contratos de atención a las personas; otro crea la Agencia de Salud Pública; el tercero es la Ley Vinícola de Cataluña y el cuarto modificaba el código civil catalán para facilitar que personas con problemas sensoriales puedan testar.

El Parlament, por su parte, solo ha aprobado dos leyes: la reforma de la ley de Presidencia para permitir la investidura telemática y una modificación normativa universitaria para ampliar la moratoria a fin de certificar el conocimiento de una segunda lengua. Además, el Govern de Torra aprobó un polémico decreto sobre la comercialización de leche cruda y también dio luz verde, a través de un decreto ley, a la nueva empresa pública que se encargará de revertir la privatización de la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL), después de que el Tribunal Supremo anulara su concesión. Esta última operación contó con el apoyo del PSC y no de la CUP, que se abstuvo pese a que había puesto esa condición para votar a Puigdemont en la pasada legislatura. Un preludio de lo que puede ser la tramitación del presupuesto. Puigdemont llegó a los 100 días de su mandato, en 2016, con el plan de Gobierno listo. Fue justo antes de ir a Madrid para reunirse con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Bajo el brazo llevaba la lista de 46 puntos de reivindicaciones catalanas que, ahora, son el punto de partida para el diálogo incierto iniciado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat. Entonces y ahora, el punto sobre la autodeterminación separa de manera abismal a ambas partes.

El Govern de Torra tardó en despegar. Los consejeros tomaron posesión 14 días después del president, tras los intentos —frustrados por Rajoy— de restituir a los exconsejeros en prisión preventiva por rebelión y malversación. El parón estival ha condicionado que la hoja de ruta aún esté en la cocina del departamento que lidera Elsa Artadi, verdadero poder del Palau. Solo se conocen cuatro líneas maestras a modo de eslóganes publicitarios: “Un país cohesionado”, “una economía próspera”, “una Cataluña abierta al mundo” y “una sociedad fortalecida democráticamente y libre”.

Legislatura larga o corta

Torra, como el Parlament, no iniciará formalmente el curso político hasta octubre, con el debate de política general y una conferencia en la que se espera que trace la hoja de ruta del independentismo. El otoño se adivina caliente, empezando por el aniversario del referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y el previsible comienzo del juicio a los líderes independentistas. A partir del 27 de octubre, además, Torra puede utilizar su potestad para convocar unas nuevas elecciones.

La posibilidad de un adelanto electoral ha generado el enésimo encontronazo entre Junts per Catalunya y Esquerra. Los republicanos quieren una legislatura larga que permita tomar aire a las estresadas filas independentistas. Torra advierte de que, si no hay Presupuestos, el Govern debería caer. El president calcula que a finales de otoño puede haber un clima propicio para sus intereses electorales.

Los socios de Gobierno defienden estrategias muy distintas sobre la hoja de ruta independentista y del propio ejecutivo. El choque tuvo su máxima expresión en la pelea entre ambos grupos en el Parlament sobre cómo aplicar la decisión del juez Pablo Llarena de suspender a los diputados presos o huidos. La llista del president quería un trato diferenciado para Puigdemont, mientras que ERC cree que eso implicaría que hubiera diputados de primera y de segunda. La falta de un acuerdo ha derivado en la parálisis de la Cámara catalana, con la suspensión de dos plenos y una oposición que lamenta el “secuestro” del Parlament por parte de los independentistas.

La moción de censura del PSOE al Gobierno de Rajoy tomó por sorpresa al Ejecutivo de Torra. De hecho, Puigdemont se oponía a permitir la presidencia de Pedro Sánchez, con una propuesta de diálogo para Cataluña, pues alteraba su planteamiento de enfrentamiento directo con el Estado. Torra se entrevistó con Sánchez en la Moncloa y puso fin a años de no relación. Pese a la negociación, Torra insiste en mantener el discurso de “anormalidad” e intenta vender que el día a día de la administración autonómica es “hacer república” en tanto se trabaja por una Cataluña mejor. La negociación con Madrid, que existe, la deja en manos del sottogoverno mientras asegura estar a la espera de “crear el momento” que permita hacer efectiva la república catalana.